La Seguridad Social limita los fondos de las mutuas para ganar liquidez

La nueva norma, pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros, trata de volver a la situación anterior a 2011, año en el que el equipo socialista de Octavio Granado, que entonces gestionaba la Seguridad Social, decidió eliminar los topes de reservas que podían acumular las mutuas, lo que ha permitido a estas entidades sumar reservas de hasta 3.000 millones. Ahora, se trata de que las cotizaciones sociales sobrantes no estén paradas y vuelvan a la caja común en un momento en el que el sistema necesita liquidez.

Así, la futura norma establece que el 80% del excedente que se produce en la gestión que las mutuas hacen de las contingencias profesionales se destinará al fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social. Es decir, que estos recursos se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social para investigación, desarrollo e innovación, la mejora de técnicas y tratamientos terapéuticos e incentivar acciones en prevención, entre otros usos. El 20% restante de los excedentes irá a reserva complementaria y si los estatutos de la mutua incorporan una reserva de asistencia social ésta debe incorporar hasta el 10% de ese excedente; la diferencia quedará para la anterior reserva complementaria. Finalmente, el excedente de la gestión de las contingencias comunes irá a la «hucha» de pensiones.

Ahora el Gobierno limitará los recursos, pero en 2012 hizo uso de ellos. Aquel año la Seguridad Social recurrió al fondo de prevención de las mutuas para apoyar el pago de las prestaciones. Utilizó 4.400 millones de euros, prácticamente la totalidad de la dotación que entonces tenía el fondo.

El nuevo proyecto de ley controlará los fondos de las mutuas y extremará también los controles sobre estas entidades, tal y como ocurre con cualquier organismo que trabaja con la Administración. Cargos, sueldos, contratos y cualquier otro mecanismo de funcionamiento estarán regulados por una norma que delimita claramente cuáles deben ser las funciones del presidente y gerente, cuantifica los sueldos de los miembros directivos de la mutua y articula la participación de los agentes sociales, incluidos los autónomos, en las comisiones de seguimiento de las mutuas. Esta comisión se encargará de informar de la gestión que realiza cada entidad y propondrá medidas para mejorarla si se diera el caso.

Las mutuas colaboran con la Seguridad Social en la gestión de las bajas laborales de la inmensa mayoría de los trabajadores. Estas organizaciones, que pasarán a denominarse con la ley mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, gestionan ocho de cada diez bajas causadas por enfermedad común y más del 90% de las provocadas por accidentes laborales.

En diciembre pasado el Gobierno anunció que los médicos de las mutuas podrían dar el alta a los trabajadores si los facultativos de la sanidad pública no respondieran a su propuesta de alta en el plazo de cinco días. Un anuncio que puso en pie de guerra a los médicos de atención primaria y que finalmente no prosperará.

El nuevo texto legal permitirá un papel más activo de las mutuas en el control de las bajas laborales, pero no podrá dar altas, que seguirán reservadas para los médicos de la sanidad pública. Y cuando una mutua considere que, en función de los informes y pruebas médicas de un trabajador, éste no debe seguir de baja, enviará una propuesta de alta a la inspección médica de los servicios públicos de salud, petición que se incorporará a la historia clínica electrónica de los pacientes.

En este caso, la inspección de la sanidad regional estará obligada a justificar dentro de los siguientes cinco días hábiles si rechaza o admite la propuesta de alta de la mutua y el trabajador debe reincorporarse al trabajo. Si la inspección médica del servicio público de salud desestima la propuesta de alta formulada por la mutua o no contesta a la misma en la forma y plazos establecidos, ésta podrá solicitar el parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tendrá cuatro días desde que reciba la propuesta de alta para aceptarla o rechazarla.

Además, el texto al que ha tenido acceso este diario prevé que las mutuas puedan suspender la baja de un trabajador al que la inspección médica llame para evaluar la propuesta de alta de la mutua y ni se presente ni justifique su ausencia.

El objetivo de todas estas medidas es endurecer el control del absentismo laboral, un grave problema para la economía, que cobra especial relevancia en un momento en el que ahorrar recursos es crucial para la Seguridad Social. En 2013 se registraron un promedio de 262.345 bajas por incapacidad temporal en media mensual, un dato que contrasta con los 483.011 procesos de 2007. Esto quiere decir que durante la crisis las bajas laborales se redujeron un 45,6%. Tendencia que parece estar cambiando este año. Los procesos de baja registrados en 2014 ascienden a 330.427 de media al mes, un 25% más que en 2013.

Como ya informó ABC , las medidas para endurecer las bajas incluidas en la ley de mutuas se complementarán con un decreto en el que se incluirán unas tablas con la duración media estimada que tienen las bajas, en función de la patología, la edad del trabajador o la ocupación. En cada parte de baja aparecerá esta cifra estimada de los días que, en términos medios, se prolonga el periodo de incapacidad.

La idea es que dichas tablas plasmen la duración media tipo de los distintos procesos patológicos y su incidencia en las actividades laborales. Plazos que, en cualquier caso, serán orientativos y persiguen reducir las ausencias al trabajo, que ahora se sitúan en una media de 11 días al año por trabajador.