El sector turístico, contra la economía colaborativa

La competencia desleal supone para las empresas regladas una pérdida considerable de rentabilidad, que se ven obligadas a atraer clientela a través de ofertas y precios sin precedentes, que estimulan la afluencia de turistas pero que no generan beneficios reales.

Siendo el turismo el principal sector económico nacional , locomotora de la recuperación, la mayor parte de los empresarios urgen a los gobiernos autonómicos, que son los que tienen la competencia en este sentido, a establecer un marco regulatorio basado en un acuerdo que satisfaga por igual a todos los actores

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha mostrado su discrepancia con los comunicados emitidos por Cehat y Exceltur que han mostrado su profunda preocupación por el asunto.

Fevitur aboga por normativas que permitan trabajar bajo seguridad jurídica, atraer inversión y crear empleo. Sin embargo, denuncian que la industria hotelera aboga por «normativas que sean imposibles de cumplir y que les permitan mantener su monopolio del alojamiento en España, poniendo barreras de entradas que solo ellos podrán cumplir».

Sin embargo, tanto Cehat como Exceltur han dejado claro en sus comunicados e informes que no pretenden la prohibición o desaparición de estas empresas, sino igualdad de condiciones para empresas que compiten en el mismo sector.

El alquiler de casas particulares a turistas o compartir coche para viajar, no son fenómenos de reciente aparición. Han adquirido tanta relevancia no solo por el surgimiento masivo de estas empresas promotoras de la economía colaborativa , sino por la visibilidad y alcance que proporciona la red.

Igual que ha ocurrido con otros aspectos de la realidad, internet ha multiplicado el alcance de todos los fenómenos. Aunque en el caso del turismo las posibilidades que ofrece Internet son vistas como una ventaja, las principales asociaciones de empresas turísticas consultadas, coinciden en señalar a la web como la causa principal de la explosión de estas prácticas.

El gobierno catalán multó el pasado lunes con 30.000 euros a la plataforma de alquiler de pisos turísticos entre particulares Airbnb y a otras siete páginas por comercializar apartamentos turísticos ilegales. Además, la Generalitat ha pedido el cese inmediato de la actividad de Airbnb (concentrada especialmente en Barcelona) y ha advertido que castigará cada infracción con multas de hasta 6.000 euros.

Por su parte, el gobierno balear ha planteado multas entre 40.000 y 400.000 euros y ha dejado clara su posición a favor de prohibir el negocio del alquiler entre particulares, aludiendo a que no cuentan con los requisitos necesarios, como puede ser el servicio de limpieza.

Otras comunidades como Aragón, Andalucía, Madrid y País Vasco trabajan en sus propias normas para regularizar esta actividad cada vez más demandada por los clientes y más criticada por los empresarios del sector.