Endesa, Iberdrola y Gas Natural recurren ante la Audiencia Nacional el bono social

El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón. Posteriormente, en noviembre del año pasado, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social. Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación.

No obstante, como parte de la reforma energética anunciada el año pasado, el Ejecutivo ha vuelto a obligar a las eléctricas a financiar el bono social , pero lo ha hecho ahora mediante una fórmula regulatoria que elimina los elementos considerados ilegales por parte del Supremo. En concreto, para evitar el efecto discriminatorio de la medida, se hace partícipe de la financiación al conjunto de empresas con actividades simultáneas de producción, distribución y comercialización, que son 27 en total. Pese a la entrada de nuevos participantes, los principales porcentajes corresponden a las grandes eléctricas, a razón de un 41,61% para Endesa, un 38,47% para Iberdrola, un 14,18% para Gas Natural Fenosa, un 2,36% para E.ON y un 2,64% para EDP España.

El bono social consiste en la congelación de la tarifa eléctrica en niveles de 2009 para familias numerosas, pensiones mínimas, familias con todos los miembros en paro y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW) en el primer hogar. Como parte de la reforma, el Gobierno no solo añadirá a estos criterios otros relacionados con la renta, sino que acaba de incluir en la regulación un tope de descuento del 25%.