Prejubilaciones, una fórmula «made in Spain» que suma 300.000 parados

Ningún país de Europa sobrecarga sus estadísticas con prejubilaciones, sencillamente, porque no existe esta figura jurídica (tampoco en España). Son un «invento» que contribuye a elevar de forma ficticia las listas del desempleo y a aumentar el gasto en esta partida, de casi 30.000 millones de euros anuales.

Esta situación ha llevado a la CEOE a levantar la voz y a reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy que depure las estadísticas y saque de ellas a estos supuestos parados, una idea que defienden también economistas y analistas como Sandalio Gómez, profesor del IESE. «Los prejubilados no están buscando empleo, ni el suyo responde a un drama familiar, como le ocurre a un parado», dice.

No es el caso de los sindicatos, partidarios de mantener el actual modelo y, por tanto, las prejubilaciones, una fórmula de extinción laboral pactada entre empresa y trabajador que «permite mitigar el impacto de los ERE », dicen. Las centrales verían en cualquier intento de cambiar la metodología una campaña para maquillar las estadísticas, según advierten fuentes sindicales a este periódico.

De «barbaridad» califica el presidente de la patronal, Juan Rosell, que las listas de paro incluyan a los prejubilados. Y es que sacarlos de las estadísticas dejaría el paro de la EPA en algo menos de 5,6 millones, frente a los casi 5,9 actuales.

¿Qué ocurre en otros países? Fuentes consultadas por ABC explican que en algunos vecinos europeos los trabajadores que son despedidos de forma temprana pasan a la jubilación o a la invalidez cuando su vuelta al mercado laboral es ya remota. Recuerdan, por ejemplo, el caso de Francia, que distingue hasta cinco tipos de paro con sus propias estadísticas. Una metodología que sitúa su desempleo en 3,2 millones sin contar a los que realizan prácticas, formación o trabajan una hora al mes. De sumar a los desempleados que reconoce el país, llegarían a 5,3 millones, aseguran las mismas fuentes.

Rosell defiende cambiar las reglas de juego en España. Plantea, por ejemplo, distinguir tres tipos diferentes de paro. P1 (paro 1), P2 (paro 2) y P3 (paro 3) en función de a quién se incluya en cada estadística. «Si fuésemos más exigentes con los conceptos de quién está desempleado, estaríamos en un 15% de paro», afirma.

Los planteamientos de Juan Rosell no son nuevos. El Gobierno de Rodríguez Zapatero y su entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, abogó en 2008 por penalizar las prejubilaciones y por sacar de las listas del paro a los prejubilados horas después de que Telefónica anunciara un ERE para 6.500 trabajadores . Lo primero, se hizo; lo seguno, no. En 2011 el Ejecutivo socialista aprobó la denominada «enmienda Telefónica» por la que se obligaba a las empresas con beneficios a abonar las prestaciones por desempleo de los despedidos mayores de 50 años. Telefónica tuvo que abonar ya 350 millones de euros al Estado para cubrir costes.

En un nueva vuelta de tuerca, hace un año, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, coincidiendo con el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas determinó que las empresas de más de 100 trabajadores que despidan a mayores de 50 años, tanto si tienen beneficios como pérdidas, costearían parte o toda su prestación por paro si entre el año anterior al despido colectivo y los cuatro años posteriores encadenaban dos ejercicios con beneficios.

A falta de directrices claras por parte de Europa para elaborar una estadística común, la pelota está en el tejado del Gobierno, aunque dar este paso a año y medio de las elecciones generales llevaría aparejadas duras críticas sobre un «maquillaje» de las cifras, como ya le ocurrió al Ejecutivo de Zapatero cuando decidió excluir de las listas del INEM a los parados que realizan cursos de formación.