El Gobierno eleva el control de las ayudas públicas y las sanciones por fraude

El Ejecutivo mirará con lupa la concesión de las subvenciones, extremará los controles y sancionará con más dureza el uso incorrecto de estas ayudas públicas, que en 2009, en plena crisis económica, superaron los 13.000 millones.

Justifica el texto legal la nueva vuelta de tuerca en el hecho de que «en un momento de máxima auteridad y contención del gasto público resulta necesario abordar el examen del régimen de subvenciones, al igual que ya se está haciendo en otras áreas como la fiscal o laboral o como ya se ha avanzado en el ámbito penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude».

El objetivo último de esta reforma que viene es «liberar recursos para dirigirlos de forma más eficaz al cumplimiento de la utilidad pública o el interés general».

La futura ley de subvenciones reforzará los mecanismos de colaboración entre la Intervención General del Estado y la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude. Y entre la batería de medidas que se pondrán en marcha para lograr la máxima transparencia está la reconfiguración de la base de datos nacional de subvenciones, que operará como sistema nacional de publicidad para todas las subvenciones convocadas y concedidas en España.

El Gobierno también pondrá en marcha el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, un mandato europeo a los países con el objetivo de proteger los intereses financieros de la UE y luchar contra el fraude.

Este nuevo organismo estará coordinado con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), quedará adscrito a la Intervención General del Estado y al frente del mismo se nombrará un director que estará asistido a su vez por un consejo asesor. De este consejo formarán parte representantes de ministerios, organismos e instituciones que tengan competencias en la gestión, control, prevención y lucha contra el fraude en relación a los fondos europeos, según se explica en el anteproyecto de ley.

La modificación más importante tiene que ver con la reformulación de las sanciones. Tal y como se ha realizado en el ámbito tributario, las sanciones por el mal uso del dinero públicos dependerán del daño sufrido por la Administración; la calificación de muy grave se reserva para aquellas infracciones en las que se emplean medios fraudulentos o en las que concurre resistencia a las actuaciones de control.

En caso de perjuicio económico para la Hacienda Pública, junto a la sanción económica, los infractores serán penados con la pérdida de la posibilidad de lograr subvenciones, ayudas públicas y avales de las administraciones. Tampoco podrán actuar como entidad colaboradora ni podrán ser contrados durante un plazo mínimo de un año y máximo de cinco, lo que dependerá del quebranto económico para la Administración, que irá desde 30.000 a 300.000 euros.

El texto elaborado por el Ejecutivo quiere reforzar los principios de concurrencia y transparencia en la concesión de subvenciones para lograr mejores prácticas en la gestión y también eliminará la posibilidad de tramitar la concesión de subvenciones de forma directa en base a motivos de interés público, social, económico o humanitario. «Pese a su carácter excepcional se estaban empleando de forma abusiva, extralimitándose respecto a los márgenes previstos en la ley», afirma el texto normativo.

A poyado en este principio de concurrencia el Gobierno acabará con la exclusividad que tienen sindicatos y patronales en la gestión de los fondos de la formación después de detectar el mal uso que en, muchos casos, se ha realizado de estas partidas y tras el rosario de escándalos que han relacionado a UGT con el mal uso de estos fondos públicos , tal y como ya avanzó ABC.

Dentro de las medidas financieras el anteproyecto de ley de subvenciones explica que se acomoda el ritmo de los anticipos por parte de la Administración al calendario de ejecución previsto por el beneficiario, de forma que se evite el anticipo de cantidades cuya aplicación se prevé realizar, no en el año corriente, sino en ejercicios futuros. De este modo se persigue reducir el recurso a la deuda pública cuando el destino de los fondos es el abono a terceros que no los van a emplear de forma directa.

Para evitar prácticas irregulares por parte de los beneficiarios y entidades colaboradoras, así como para impulsar un mejor aprovechamiento de los fondos recibidos se introducirá el principio de complementariedad financiera, de forma que las actividades no sean financiadas únicamente con los fondos públicos. Se trata de que el beneficiario tenga que contribuir parcialmente con sus propios medios a la realización de la actividad.

La nueva norma también avanza en la simplificación administrativa con medidas que, por un lado, estan encaminadas a proteger los derechos de los solicitantes y, por otro, a facilitar los trámites administrativos, especialmente en lo que se refiere a plazos y al cumplimiento de las obligaciones. Así, por ejemplo, se contempla el caso de imposibilidad de cumplir con las obligaciones formales por el interesado por causas atribuibles a las administraciones.