El Estado inyectó 27.000 millones a la Seguridad Social en 2013

En 2013, y aunque todavía no se han hecho públicas las cifras definitivas de cierre del ejercicio, la Seguridad Social habría registrado unos números rojos superiores a los 14.000 millones, el 1,4% del PIB. Y eso a pesar de que el Estado transfirió 27.000 millones al sistema.

En concreto, el desfase entre ingresos y gastos del servicio público de empleo obligó al Estado a transferir más de 15.000 millones para hacer frente al pago de prestaciones por paro. De igual modo, la Administración Central absorbió alrededor de 12.000 millones de complementos a las pensiones mínimas que hasta 2013 iban con cargo al sistema de la Seguridad Social.

La previsión del Ejecutivo es que el próximo año el déficit del sistema se vaya reduciendo, aunque aún prevé varios ejercicios con números rojos.

El deterioro del mercado laboral y el descenso del número de cotizantes ha estado acompañado de un incremento continuo en el número de pensionistas, consecuencia del envejecimiento de la población. Además, los jubilados que acceden al sistema lo hacen con prestaciones más elevadas que los que los que lo van dejando, por lo que el gasto es cada vez mayor.

Para intentar paliar esta situación, el Ejecutivo ha puesto en marcha diversas medidas, algunas de las cuales empiezan ya a tener impacto económico en este ejercicio. Entre ellas la reforma de las pensiones, el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas , el aumento de las bases máximas de cotización, por segundo año consecutivo, y la cotización de las retribuciones en especie.

La reforma de pensiones desligó desde este año la subida anual de las jubilaciones del IPC y estableció un nueva retribución, que se moverá entre el 0,25%— ha sido el incremento este ejercicio— y un máximo, que será equivalente al IPC más el 0,5%. Este nueva medición, unida a la entrada en vigor en 2019 del factor de sostenibilidad , que ajusta la pensión en función de la esperanza de vida, permitirá un ahorro para la Seguridad Social superior a 33.000 millones de euros.

Con el objetivo de retrasar la edad de retiro, el pasado marzo el Gobierno elevó a 35 años el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, que actualmente ya no es posible hasta al menos los 63 años, que se irán incrementando progresivamente hasta alcanzar los 67 años en 2027. Sí mantuvo la edad de jubilación forzosa por despido en 61 años, aunque también irá aumentando paulatinamente hasta 63 años en 2027 con 33 años cotizados.

Las previsiones del Ejecutivo son que en el primer año de aplicación de las medidas se produzca un ahorro anual de 870 millones y una vez que pase el periodo transitorio de aplicación, el ahorro estimado anual se elevará hasta 4.857,7 millones.

Ya este año Empleo incrementó las bases máximas de cotización en un 5% para recaudar más entre los sueldos más altos, lo que le reportará al sistema ingresos superiores a 600 millones. También elevo un 2% la base mínima para los autónomos y aplicó una subida indirecta de cotizaciones de 1.000 millones. Desde este año empresas y trabajadores deben cotizar por los beneficios sociales —vales de comida, aportaciones a planes de pensiones, seguros médicos, guarderías, etcétera— que hasta ahora estaban exentos, en todo o en parte, lo que ha generado un enorme malestar entre los empresarios.