Empleo acaba con la asignación directa de fondos de formación a los agentes sociales

Para evitar esta pésima imagen sobre el uso de los fondos públicos el Gobierno ha decidido acabar definitivamente este mismo año con la exclusividad de los cursos de formación que prácticamente siguen teniendo patronal y sindicatos y dar entrada así a más actores , a centros de formación públicos y privados y a más agentes sociales. No es una idea nueva, la reforma laboral de 2012 ya limitó el papel de sindicatos y empresarios, aunque aún queda mucho por hacer, a tenor de las palabras pronunciadas en el debate sobre el estado de la nación por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

«Abordaremos una reforma integral de este sistema para poner en marcha un nuevo modelo de formación profesional que se rija por los principos de transparencia y libre concurrencia. Y que, a partir ahora, estará sometido a una evaluación permanente de los resultados para garantizar que cumple con sus objetivos», aseguró el presidente del Gobierno. Añadió que el objetivo es «asegurar que la formación profesional desempeña su función como palanca de acceso, mantenimiento y de retorno del empleo».

El sistema de formación en España está asentado en una más que compleja estructura en la que están integrados el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación Tripartita para la Formación, de la que forman parte el SEPE, UGT y CC.OO, el sindicato gallego CIG, y CEOE y Cepyme, y las comunidades autónomas. El presupuesto de este sistema ascendió en 2012 a 2.154 millones de euros, procedentes en su mayor parte de la cuota de formación que pagan las empresas con sus cotizaciones a la Seguridad Social (1.890 millones).

De esa cantidad, 1.200 millones se destinan a cursos y ayudas a parados y casi 948 millones a formación de ocupados. De todos estos recursos, 776,8 millones —todos en la parte destinada a los empleados— los gestiona la Fundación Tripartita y, de ellos, algo más de 228 millones se destinan a los cursos subvencionados.

Sindicatos y empresarios llevan años en el punto de mira, sobre ellos siempre ha planeado la duda de la mala gestión de los fondos de formación y de su financiación a través de estos recursos públicos, algo que unos y otros siempre han negado en rotundo. Los agentes sociales insisten en que no gestionan los casi 2.200 millones de euros que absorbe la formación en España y que, en el ámbito estatal, la cifra de subvenciones para ofertar cursos para ocupados es de unos 200 millones. De ellos, en 2013, los planes de formación de la CEOE y la Cepyme recibieron 51 millones; los de UGT, 24,7 millones; y los de CC.OO., 23,6. También reciben dinero organizaciones de autónomos y los sindicatos minoritarios (13 millones).

Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado lo que se conoce como «formación de demanda», un concepto de consume en torno a 600 millones de euros y que consiste en que las empresas organizan o participan en determinados cursos y posteriormente pueden deducirse parte de su cuota a la Seguridad Social para formación (0,7% sobre la base de cotización).

El modelo de formación está más que cuestionado, incluso fuera de España. Las informaciones sobre supuestas irregularidades cometidas por la UGT con los fondos de formación tuvo respuesta incluso en Bruselas. El pasado mes de enero la Comisión Europea suspendió las ayudas a este sindicato para cursos de formación y abrió una investigación por el posible uso irregular de fondos europeos por parte del sindicato.

La investigación comenzó tras las denuncias publicadas en la prensa en noviembre pasado sobre posibles irregularidades en un curso organizado por UGT que formaba parte del programa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal. Y en el que participaba el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con un coste de medio millón de euros y una financiación de la UE de 375.000 euros.

Situación provocada mientras se producían las negociaciones que el Ministerio de Empleo tiene abiertas desde hace meses con los agentes sociales para reformar el modelo de los cursos de formación al objeto de mejorarlo, hacerlo más eficaz y con ello también poner punto y final a meses de escándalos.

«Con el dinero público hay que ser muy riguroso. Se han producido actuaciones que no se ajustan a derecho y ahí están la legislación, los jueces y los tribunales», dijo Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo en una reciente entrevista con ABC. Recordó que con el nuevo sistema de formación el Gobierno quiere implantar procedimientos modernos, eficientes y eficaces en la gestión y conseguir que los fondos se gestionen «con absoluta transparencia, concurrencia y criterios de evaluación. Hay que ir a la competencia en la gestión», afirmó Hidalgo.