España trata de recuperar peso en los organismos económicos internacionales

Javier Solana fue Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad («Mr. Pesc» para los amigos... de abreviar) durante una década (entre 1999 y 2009), después de haberse enfrentado a situaciones tan delicadas como la guerra de Kosovo al frente de la OTAN, organización de la que fue secretario general entre diciembre de 1995 y octubre de 1999 sin que importara mucho, o al menos no lo suficiente, que a comienzos de los años ochenta del siglo pasado se hubiera sumado con aparente convicción al reversible lema socialista del «OTAN, de entrada no». Doce años estuvo Federico Mayor Zaragoza al frente de la Unesco (fue director general entre 1987 y 1999) y durante un lustro desempeñó Marcelino Oreja el cargo de secretario general del Consejo de Europa (1984-1989). Pero después, el desierto...

La crisis de deuda hizo que Europa perdiera peso en el contexto político internacional. Y, por extensión, la estigmatización de la «periferia» del Viejo Continente, ejemplificada en el sangrante acrónimo PIGS, borró a nuestro país de los puestos de responsabilidad en Bruselas . Los tijeretazos presupuestarios (realmente había otras prioridades) redujeron los esfuerzos para promocionar funcionarios hacia los cargos intermedios, el trampolín para alcanzar metas mayores en la compleja maquinaria comunitaria. De repente, España se hizo invisible a los ojos del poder mundial.

Ahora toca recuperar el terreno perdido, pero la travesía aún se antoja larga. Sin embargo, algún oasis se vislumbra en el camino. El último, el de la candidatura del «número dos» del Ministerio de Economía, Fernando Jiménez Latorre, al puesto de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que España comparte en el organismo con Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, un cargo que desde fuentes del Ministerio califican de «máxima relevancia internacional» y que nuestro país no disfruta desde hace cuatro años. En principio, la mano derecha de Luis de Guindos seguirá al frente de la Secretaría de Estado de Economía hasta el mes de noviembre y después se incorporará a su nueva responsabilidad en Washington. Su renumeración alcanzará los 244.000 dólares, bastante por encima de los aproximadamente 100.000 euros al año que el Presupuesto estipula para su actual puesto. Allí coincidirá con el único alto cargo que aún nos queda en el organismo presidido por Christine Lagarde: José Viñals, director de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales desde 2009.

El nombramiento de Jim1énez Latorre apenas será una gota de agua en un erial en el que el único peso pesado es Joaquín Almunia, vicepresidente y comisario europeo de Competencia desde 2010, aunque el ejercicio de su poder no parece haber levantado precisamente simpatías entre sus paisanos, hasta el punto de que su gestión en el conflicto del naval estuvo a punto de costarle su carnet del Athletic Club (es difícil ir más lejos en la puesta en escena de un desafecto). El ex alcalde de Barcelona Joan Clos, director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), con rango de Subsecretario General de Naciones Unidas, es otra de las escasas figuras que aún representan a España en la primera línea del poder político o económico.

Aún hace mucho frío, pero algunos recientes nombramientos parecen ir anunciado el deshielo diplomático. El antiguo secretario de Estado de Economía español con Pedro Solbes, David Vegara, se convirtió en septiembre de 2012 en el «número dos» del Mecanismo Europeo de Rescate, a las órdenes del alemán Klaus Rengling. El nombramiento servía de relativo bálsamo para el golpe representativo que supuso la salida de José Manuel González Páramo del consejo ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE). En pleno proceso de saneamiento de nuestro sistema financiero, el Gobierno español aspiraba a que su sustituto fuera Antonio Sáinz de Vicuña, por entonces director de los servicios jurídicos de la institución con sede en Fráncfort, pero finalmente el sillón fue para el luxemburgués Yves Mersch.

La decisión suponía romper el pacto no escrito que garantizaba a los cuatro grandes de la eurozona -Alemania, Francia, Italia y España- una presencia constante en consejo del organismo ahora presidido por el italiano Mario Draghi. Un acuerdo implícito, que sí se ha cumplido, por ejemplo, tras la renuncia el pasado mes diciembre del alemán Jörg Asmussen, que ha sido sustituido por su compatriota Sabine Lautenschläger. España ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para recuperar su puesto en el órgano de decisión del regulador. De hecho, Luis de Guindos aseguró en el pasado Eurogrupo que el próximo miembro del directorio cuando se renueve alguno de sus seis componentes será de nuevo un español, y dio a entender que tiene garantías del resto de sus socios del Eurogrupo en este sentido.

Si no hay ninguna renuncia previa, el primero en concluir su mandato y dejar una vacante será el vicepresidente del BCE, el portugués Vítor Constâncio , en el 2018. «Estoy convencido de que el próximo consejero del BCE será español», aseguró el ministro, al tiempo que sugería que cuenta con garantías de sus socios del Eurogrupo para recuperar la silla española en el BCE. «Nadie te firma un papel, pero lógicamente hay planteamientos, discusiones e intercambio de opiniones», señaló.

Y mientras libras su gran guerra diplomática, España se apunta pequeñas batallas, como el nombramiento de Ramón Quintana, director general de Supervisión del Banco de España, como nuevo director general del Mecanismo Único de Supervisión europeo, la entidad dependiente del BCE que se encargará a partir de noviembre de vigilar el sector bancario europeo.

Aunque tímidos, los últimos pasos adelante vienen a paliar recientes frustraciones como el fallido asalto de Elena Salgado en 2006 a la dirección de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), o el desactivado intento, por cuatro votos, de Miguel Ángel Moratinos de acceder a la secretaria general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). Ahora, superada la reestructuración del sistema financiero y con los primeros datos macroeconómicos alimentado la esperanza de la recuperación, España vuelve a reclamar su sitio, o su sillón, en el mundo.