Canal de Panamá: silencio, se negocia

El consorcio GUPC (Grupo Unidos por el Canal) y la ACP han llegado ya a un acuerdo para «las fórmulas de negociación» -un primer paso- y han pactado un plazo de una semana, hasta el 1 de febrero, para ponerse de acuerdo en una solución que incluya el grueso del problema, es decir, la financiación del flujo de caja necesario para continuar las obras.

La Unión Europea y más concretamente el comisario italiano de Industria, Antonio Tajani, desearía tener un papel crucial en este problema, pero los panameños hasta ahora se han negado a convertir esta disputa empresarial en una confrontación diplomática con la principal potencia comercial del mundo. Sin embargo, con 1.300 millones de dólares en juego (el sobrecoste de los trabajos) existen forzosamente muchos interesados en hacer durar la disputa, empezando por los equipos de abogados que van a llevar el arbitraje en la Junta de Resolución de Conflictos de Miami y que a base de facturas de más de mil dólares la hora están elevando su cifra de negocio.

Uno de los elementos esenciales del último acuerdo entre las empresas europeas y la autoridad del canal consiste en que ambos se comprometen a mantener todo el proceso en secreto. Eso hace que sea aún más complicado saber por qué la parte panameña muestra siempre un plan de apenas tres meses, sabiendo que no es suficiente para dejar acabadas las obras. En Bruselas y en los principales centros navieros del mundo se han sorprendido por lo bien que han gestionado los panameños el viejo canal, en contra de las previsiones catastrofistas que anunciaban los norteamericanos cuando se vieron obligados a restituir el territorio. Otra cosa muy diferente es el gobierno de la que en estos momentos puede que sea una de las obras civiles más grandes del mundo. Es posible que el proyecto le haya venido grande para un país tan pequeño.

Los expertos consideran que parte de la estrategia de unos y otros ha sido precisamente llevar la situación hasta el límite. El año pasado una auditoría independiente ya había confirmado la existencia del sobrecoste. El gobierno italiano ya lo sabía desde octubre, cuando visitó las obras un representante del gabinete. ¿Por qué no emergió el problema hasta el 1 de enero? Probablemente a las empresas del GUPC tampoco les interesaba llegar a un punto de conflicto antes de que el grado de finalización de las obras llegase a un punto como el actual (el 70% ya está acabado) que desalentara la búsqueda de una alternativa.

Ahora es muy probable que la aseguradora Zurich acabe poniendo sobre la mesa los 600 millones de dólares de la póliza, para garantizar que continúen los trabajos, siempre que las dos partes estén de acuerdo. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ya participa en la financiación, ha estado en las reuniones con el comisario Tajani y también podría contribuir a paliar la falta de liquidez. Sin embargo, la ACP quiere saber antes quién se hará cargo de esos créditos. Eso es lo que los representantes europeos le dijeron a Tajani: «la pelota está del lado de los panameños». Pero cuando intentan hablar con el presidente Ricardo Martinelli, se encuentran con un dirigente en la recta final de su mandato (que concluye este verano) y que no tiene capacidad para imponerse a la ACP, que es una entidad independiente. Mientras el grueso de la disputa estaba en las primeras páginas de los diarios, la embajadora de Panamá en Bruselas no estaba en la capital comunitaria, sino que acompañaba a Martinelli en Davos.

Pero antes de que se elija un nuevio presidente para el país, el arbitraje de Miami debería estar resuelto y con todas las cartas boca arriba. La ministra panameña de Trabajo, Alma Cortés, ha acusado a las empresas europeas de haber paralizado las obras o cuando menos de haberlas ralentizado hasta apenas un 20% de la actividad normal. ¿Es un medio de presión del consorcio?

En todo caso, la Unión Europea ha insistido en que «los contratos están para firmarse», aunque como sostuvo un alto funcionario cercano a Tajani «eso vale tanto para una parte como para la otra». Y aunque Bruselas tiene el mayor interés en que las obras se terminen, no existe ninguna intención de elevar la disputa hasta las relaciones bilaterales con Panamá. Pero tampoco quieren dejar en entredicho la capacidad de las empresas europeas frente a las norteamericanas, que hubieran querido hacerse con el contrato de ampliación del canal.