Los gobiernos de España y Panamá median para desbloquear las obras del Canal

El Gobierno español, por mediación del Ministerio de Fomento, se ha puesto en contacto «con ambas partes» para tratar de alcanzar «la mejor solución» en el conflicto surgido por la denuncia del consorcio de sobrecostes equivalentes a 1.600 millones de dólares (1.170 millones de euros), según apuntan fuentes del departamento dirigido por Ana Pastor. De momento, la responsable de política de infraestructuras del Ejecutivo no tiene previsto ningún viaje oficial al país centroamericano, aunque tampoco lo descarta.

Por su parte, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, ha avanzado esta tarde que se desplazará a España e Italia (donde tiene su sede el principal socio de Sacyr en Panamá, Impregilo) para exigir a los responsables de ambos países que medien para que ambas empresas cumplan con el contrato de construcción de un tercer juego de esclusas. «Yo voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos en una obra de ampliación, que es una obra de humanidad. Cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuento de que están subiendo los precios», ha apuntado, vehementemente, el máximo mandatario panameño.

En este sentido también se pronunció el responsable de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el momento en el que se adjudicó el proyecto, en julio de 2009. Alberto Alemán Zubieta señaló que la prioridad es «terminar» la obra, con la que el Ejecutivo panameño desea aumentar el tráfico de buques y permitir el paso de los de mayor eslora hasta lograr que esta infraestructura concentre el 10% del comercio internacional (actualmente supone el 5%). En todo caso, si ambas partes no llegan a un acuerdo antes de 20 días, el Canal está en disposición de asumir y terminar las obras, que ya se han completado en un 70%, añadió Alemán Zubieta.

La relación entre las sociedades contratistas y las autoridades panameñas ha estado jalonada por diversos desencuentros en los últimos años. Fuentes de la compañía española recuerdan que GUPC ha interpuesto «varias decenas de reclamaciones» contra el gestor panameño, al que acusan de «falta de empatía con el contratista». De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llegó a solicitar hace algunas semanas información sobre la situación de las obras del canal al grupo presidido por Manuel Manrique. El pasado 23 de diciembre Sacyr respondió por carta, obviando el crítico estado en el que se encuentra el proyecto, y aseguró que parte de las reclamaciones por esos sobrecostes, 665 millones de dólares (487 millones de euros), se consignaron como ingresos, puesto que se daba por sentado que Panamá aceptaría esas modificaciones.

Proyecto a la baja

Uno de los aspectos más criticados por los grupos que compitieron con GUPC para hacerse con el megaproyecto (entre los que figuraban la norteamericana Bechtel y, por otro lado, las españolas ACS, Acciona y FCC) fue el reducido precio de la oferta encabezada por Sacyr, entonces presidida por Luis del Rivero. El importe no solo se encontraba por debajo de los proyectos rivales (5.981 y 4.185 millones de dólares). Incluso resultaba inferior al propuesto en la licitación (3.481 millones).

Fuentes de la anterior dirección de la compañía, que prefieren mantener el anonimato, subrayan que el hecho de que esta oferta se situara tan «a la baja» reside en que Sacyr no pretendía hacerse con el contrato, sino obtener la compensación por la presentación del proyecto. Desde la actual jefatura, sin embargo, hacen hincapié en que solo resultó un 6% menor al coste previsto y que, por tanto, no puede considerarse una «baja temeraria».