¿Existe derroche en los edificios públicos?
La consultora Aguirre Newman calcula que el Estado podría ahorrar hasta un 30% si las administraciones públicas gestionaran de manera más eficiente sus inmuebles
luis m. ontoso
Cada vez resulta una imagen más habitual en las calles de las principales ciudades españolas: edificios públicos vacíos, en los que aún se aprecian algunos de los elementos distintivos de su antigua función administrativa (logos, colores corporativos, etc.), que aguardan la llegada de posibles empresas ... o fondos interesados tras un cartel de «se vende» . Tanto la Administración central como las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las empresas públicas han dado pasos en ese sentido, pero no los suficientes.
La consultora inmobiliaria Aguirre Newman , que ayer celebró su vigésimo quinto aniversario, ha elaborado un informe con el fin de aprovechar la reactivación del interés de los fondos extranjeros por los inmuebles españoles, una incipiente recuperación que se puede apreciar especialmente el mercado no residencial . Una de las ocho medidas que propone se basa en la gestión de los edificios públicos.
La aplicación de una estrategia similar a la que llevan a cabo las compañías privadas, consistente en concentrar un número mayor de trabajadores en menor espacio para ahorrar costes, sumada a la venta de los inmuebles infrautilizados o sin uso permitiría a las administraciones ahorrar entre un 20% y un 30% en la partida de gasto corriente, además, obviamente, de mayores ingresos (y, por tanto, la reducción del déficit público), según esta firma.
Hasta la crisis, España se caracterizaba por disponer en los edificios de un mayor espacio para los empleados. Y si las empresas privadas se han acercado a la media europea (entre 12 y 13 metros cuadrados por persona), esta tendencia aún no se observa en los inmuebles de titularidad pública , en los que la media se encuentra en un empleado por cada 25 metros cuadrados.
Según un informe elaborado por la consultora en 2010, que comprendía 208 edificios, de los que 147 eran propiedad de la Administración, el ratio aceptable sería de 20 metros cuadrados por empleado. La venta de estos inmuebles «excedentes» podría elevarse, por tanto, a miles de millones de euros . Para ello también serían necesarias medidas que permitiera agilizar la transformación de estos edificios para adaptarse a la función o al negocio que desea desarrollar el comprador. «Sería esencial -detalla el informe- la introducción de cambios normativos que permitieran la posibilidad de un cambio del uso urbanístico de los activos que tienen un uso dotacional asociado al menos en el momento de salida del inmueble de la Administración».
Medidas antidesahucios
Otras de las recomendaciones de Aguirre Newman se dirigen a aclarar y estabilizar el marco normativo, un propósito al que no contribuyen, a su juicio, decisiones como las medidas «antidesahucios» (suspensión inmediata y por dos años de los alzamientos en procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria). Aunque la firma las considera «perfectamente justificadas», advierte de que al mismo tiempo «introducen incertidumbre para las entidades financiadoras y los inversores». Por ello, la consultora inmobiliaria aconseja « buscar un equilibrio entre la seguridad jurídica de los prestatarios y los mecanismos de protección de las entidades financieras» para favorecer el flujo de capital y dinamizar el mercado inmobiliario.
Asimismo, Aguirre Newman apuntan a la conveniencia de dotar de una mayor transparencia al mercado inmobiliario, en especial, en todo lo relativo a los precios de cierre de las transacciones inmobiliarias. Según señala, las estadísticas que ofrecen el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Fomento y el Consejo General del Notariado «son fiables, pero no son capaces de permitir profundizar en el estudio sobre qué ocurre en el mercado en una zona concreta», información ésta que reclaman los inversores internacionales y que está consolidada en otros países. Del mismo modo, Aguirre Newman echa en falta una solución a la falta de información sobre el «stock» de viviendas disponibles acabadas y en construcción. La consultora demanda también mayor agilidad en los mercados de suelo y en los trámites urbanísticos, para lo que propone un pacto entre las comunidades autónomas para la puesta en común de una normativa única y sostenible en el tiempo sobre la Ley de Suelo o solventar la excesiva burocracia incentivando la colaboración público-privada. A continuación, el informe plantea que existe entre los inversores «desconfianza sobre la valoración y el sentido de las tasaciones en España», a las que se ve como un «mero instrumento formal y no como un documento con valor intrínseco», según recogió Ep.
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