Las pymes piden que la nueva ley considere emprendedor a cualquier empresario

La primera alegación va dirigida precisamente a la propia definición de emprendedor. «Queremos que se le dé una mayor amplitud. Que no vaya dirigido sólo a los autónomos, parados o jóvenes. No entrarían, por ejemplo, los mayores de 30 años. Sin embargo, una iniciativa empresarial podría surgir de tres o cuatro personas que creen una empresa con una inversión importante y ahí debería haber un apoyo del Gobierno. De lo que se trata es de que una o varias personas creen riqueza y creen empleo» , asegura Terciado.

Cepyme explica que el término emprendedor «deberá incluir a las personas físicas que pretenden poner en marcha una nueva actividad empresarial e inicia los trámites necesarios, así como los empresarios durante los primeros dos años de actividad empresarial». Además, la figura del emprendedor «no deberá tener limitaciones por su naturaleza, forma jurídica, tamaño, ámbito territorial o sectorial, y deberá poseer la titularidad y la capacidad de decisión sobre los objetivos o fines de la actividad empresarial».

Responsabilidad limitada

Otra enmienda se refiere a la facultad que tendrá el emprendedor persona física, cualquiera que sea su actividad, para limitar su responsabilidad por las deudas causadas por el ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de «emprendedores de responsabilidad limitada». Cepyme considera que es imprescindible limitar la responsabilidad en la figura del emprendedor «independientemente de la forma jurídica con la que opere en el mercado, de tal forma que su responsabilidad y la acción del acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales, no alcance a determinados bienes que forman parte del propio patrimonio personal del mismo».

En cuanto a las medidas fiscales de impulso a la actividad emprendedora, Cepyme considera que «es urgente establecer un cambio en la normativa fiscal vigente» . Una menor carga impositiva que recaiga sobre la actividad de los emprendedores, «mejorará los fondos disponibles y les permitirá tanto capitalizarse como acometer nuevos procesos de inversión, factores que determinan el éxito de la actividad futura de estas empresas».

Por ello, la patronal de la pequeña y mediana empresa considera que «es necesario una fiscalidad que fomente la competitividad de los emprendedores y de las pymes a través de una reducción tanto del tipo nominal, como del tipo efectivo que afectan a estas actividades».

Además, «para que el alcance de la reforma sea lo más amplio posible, es preciso qu e se homogeneice la fiscalidad que afecta a estas empresas de menor dimensión independientemente de cuál sea el tamaño que ostenten y la forma jurídica con la que operen». En este sentido, proponen homogeneizar la fiscalidad de las empresas de reducida dimensión, que en la actualidad establece diferencias según la cifra de negocios y el mantenimiento del empleo. También piden que «los incentivos fiscales que operan en el impuesto de Sociedades para todas las empresas de reducida dimensión se apliquen a las empresas cuya cifra neta de negocios sea inferior a los 12 millones de euros y tengan menos de 50 empleados».

Autofinanciación

No obstante, «es preciso que dentro de un contexto general de apoyo fiscal a las pymes, se particularicen medidas que incentiven la actividad emprendedora atendiendo a las particulares premisas de estas iniciativas empresariales, y para ello es fundamental aumentar la capacidad de autofinanciación de los emprendedores a través de reformas en el sistema fiscal» . Así, proponen un mejor tratamiento fiscal de los beneficios de la actividad económica de las pymes y autónomos reinvertidos en el propio proyecto empresarial para reforzar su capacidad de autofinanciación». Jesús Terciado apunta que las bonificaciones de la actividad emprendedora para el inversor «también están muy limitados en cuantía. Se debe ampliar a por lo menos los primeros 200.000 euros de inversión para apoyar proyectos más importantes».

Otras de las cuestiones que preocupa a las pymes son las barreras administrativas y la complejidad de las normas , «que siguen siendo un obstáculo importante para los emprendedores». Por eso, «se hace necesaria una verdadera simplificación y reducción de la normativa existente, que consistiría en reducir el número, la dificultad y el coste de los trámites administrativos asociados a la actividad de los emprendedores».

Una carga por otra

En ese punto, Cepyme aplaude el contenido del artículo 34 del proyecto de ley, donde dice que las administraciones públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias creen nuevas cargas administrativas para las empresas se asegurarán de eliminar al menos una carga existente de coste equivalente.

Respecto a los incentivos fiscales para la formación en la actividad emprendedora, Cepyme pide que durante los tres primeros ejercicios de actividad el porcentaje de deducción aplicable por gastos de formación sea del 10% . En el caso de empresas de reducida dimensión, la deducción de la cuota íntegra sería del 25% de los gastos efectuados en el periodo impositivo minorados en un 65% del importe de las subvenciones recibidas para la realización de dichas actividades.