Inversores alemanes en renovables podrían denunciar al Estado español por la reforma energética

- De sus clientes, ¿quiénes son los principales damnificados?

- Desde bancos a fondos de inversión, pasando por empresas alemanas que han invertido con créditos públicos, equivalentes al ICO español .

- ¿Por qué se verían tan dañados?

-Lo que dice la nueva norma es: usted tiene estos ingresos, puede presentar estos costes de inversión, de explotación; por ello, esos costes que yo fijo, si yo le ayudo, va usted a tener una rentabilidad del 7,5%. El Gobierno diría entonces, yo le calculo que usted ha tenido una rentabilidad del 20% en los 10 años que lleva produciendo, con lo cual, si tengo que asegurar que en 20 años tiene que presentar una rentabilidad del 7,5% usted ya la ha alcanzado por lo que no le pagaría nada. Por ello, penaliza más a los que presentan mayor antigüedad.

Una rentabilidad óptima, es posible, en el caso de una empresa fotovoltaica instalada hace un año. Sin embargo, para otra que pagó una «barbaridad» por los paneles cuando eran muy caros, alcanzar esa rentabilidad resultaría imposible. A saber: una instalación fotovoltaica de 100 Kw de hace 5 años que costaba 700.000 euros, ahora está por los 200.000; si el Gobierno va a considerar que todos han pagado lo mismo por la instalación, es injusto, porque uno tiene que recuperar una inversión de 700.000 euros y el otro «solo» de 200.000. De esta manera, el Ejecutivo no se muesta equidistante con todos ellos.

«No hay seguridad jurídica»

-¿Qué instalaciones serían las más afectadas por el R/D?

- Va a castigar, por supuesto, a todas las renovables pero, en especial, a las más antiguas, es decir, las que llevan más tiempo produciendo. Se supone que, durante años, han estado generando una rentabilidad, con la cual, es más que posible que se den ocasiones, en las que unas instalaciones a las que el gobierno ya ni siquiera les conceda una compensación por diferencia entre ingresos y gastos. Desde luego, las eólicas y fotovoltaicas serán las principales damnificadas, puesto que son las que primero se implantaron. Por el contrario, las termosolares serían las menos perjudicadas ya que fueron las últimas. Las eólicas empezaron en el año 2000, las fotovoltaicas en 2007 y las termosolares en 2009 y 2010.

-¿Han vivido algún conflicto análogo con otro miembro de la Unión Europea?

-No, nuestros clientes no han vivido una situación semejante en ningún otro país. Están indignados, centraron su capital en un miembro dentro de la Unión Europea, donde supusieron que había seguridad jurídica, un marco estable, etc. Ellos invirtieron en España bajo unas condiciones señaladas y éstas han cambiado de forma retroactiva. Ello sitúa en una posición muy difícil a fondos de inversión con unos intereses particulares. Y, claro, esos fondos han perdido rentabilidad.

-¿En cuánto cifra las posibles pérdidas?

-Se puede hablar de un recorte medio de 20-25%, teniendo en cuenta que algunas ya arrastraban un 35%, como pueden ser las fotovoltaicas.

-¿En qué se ampararían los inversores alemanes a los que representa?

- En primer lugar, las vías de impugnación pueden ser, bien tribunales españoles, o, extranjeros. Sin embargo, las probabilidades de éxito son escasas, puesto que, en supuestos similares, el Supremo da la razón al Gobierno. Por ello, los alemanes tienen pocas esperanzas en los juzgados españoles. Entonces, lo que hay es un tratado internacional que es la «Carta de la Energía» , suscrita por varios países, y ,entre ellos, España y Alemania. En ese acuerdo, se pretende proteger las inversiones de un país en otro país, garantizando una estabilidad de los marcos regulatorios.

-¿Cuál es este otro litigio abierto?

- Es en torno a la prima a las renovables . Entonces, ésta era por 25 años y luego a partir de los 25 ,se reducía indefinidamente, eso se eliminó. Ahí hubo empresas, casi todas las del sector, que recurrieron a la Audiencia Nacional, la cual les quitó la razón. Además, el Tribunal Supremo declaró que el Gobierno, mientras que garantice una rentabilidad razonable, puede modificar las retribuciones y los plazos.