Guindos y Soria intentan calmar a la City tras la reforma eléctrica

Precisamente ha sido esa reforma la gota que ha colmado el vaso de inversores y analistas internacionales que están estudiando emprender acciones legales contra España y que también ha sido durísimamente criticada tanto por las empresas renovables como por las eléctricas tradicionales.

Ajuste de 4.500 millones

Esa reforma eléctrica incluye un ajuste de 4.500 millones de euros anuales, de los que 2.700 millones serán asumidos por las compañías a través de modificaciones en sus retribuciones, 900 millones por el Estado a través de los Presupuestos y 900 millones de euros por los consumidores a través de la subida de la luz. El mes que viene, la tarifa eléctrica se encarecerá un 3,2%.

De Guindos, Soria y Nadal se reunieron ayer por la tarde en el hotel Meliá White House de la capital británica con inversores y analistas para explicarles la nueva reforma energética, según una nota del Ministerio de Industria. En el encuentro, coordinado por el banco de inversión Goldman Sachs , detallaron el contenido y los efectos de los cambios normativos en el área de energía, en la que se ha acometido «la última gran reforma» del Gobierno , destinada a «equilibrar al sector eléctrico y evitar futuros desequilibrios», según Industria.

El objetivo oficial es informarles de los « profundos» cambios normativos en el sector eléctrico anunciados a mediados de mes y que irán paulatinamente entrando en vigor en las próximas semanas. Los ministros repasaron además no sólo las medidas para acabar con el «grave» problema del déficit de tarifa, sino también los efectos de las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno en la economía española y en los mercados.

En este plan de reformas se integra la reforma eléctrica, que «equilibra definitivamente» el sistema eléctrico al evitar la generación de nuevo déficit de tarifa y, con ello, que no se acumule más deuda eléctrica a los actuales 26.000 millones de euros , insiste el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Quiebra la seguridad jurídica

Hay que recordar que las principales asociaciones de empresas renovables en nuestro país, como son Anpier, APPA, Protermosolar y Unef, han denunciado que las nuevas medidas para el sector eléctrico son «gravemente retroactivas y quiebran la seguridad jurídica del país».

La quiebra de la seguridad jurídica, a su vez, «llevará a la quiebra a numerosos inversores -particularmente familiares-, que deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financiadoras, es decir, a los bancos, al no poder afrontar el servicio de la deuda».

Estas asociaciones entienden que se puede hablar de un proceso de «expropiación encubierta».