Bruselas decide el futuro del naval español

Joaquín Almunia investiga desde hace dos años, a raíz de una denuncia de Holanda respaldada por otros países como Noruega, esos incentivos a la construcción naval. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia considera que son contrarias a la normativa europea sobre ayudas estatales y en las últimas semanas viene avisando de que su propuesta será la de reclamar al sector la devolución de esa cantidad.

Ese planteamiento ha irritado a los 19 astilleros privados de nuestro país afectados. La patronal Pymar advierte de que de aprobarse esa medida se condenaría al cierre a las gradas, poniendo en juego 87.000 empleos directos e indirectos . Quizá por eso las autoridades españolas también se han sumado a la defensa del naval. Una delegación española integrada por el ministro de Industria, José Manuel Soria; los presidente de Galicia, Asturias y País Vasco, así como Pymar y los sindicatos han constituido un grupo de presión para evitar que los astilleros tengan que afrontar esa sanción .

Propuestas de última hora

Ante esa presión, y un día antes de reunirse con ellos, Almunia matizó ligeramente su borrador inicial. El socialista planteó exigir la devolución de esos 2.800 millones sólo a las empresas como Inditex y El Corte Inglés que financian la construcción de buques a cambio de aplicarse las deducciones fiscales que supone el «tax lease», excluyendo a astilleros y armadores. Esa rectificación fue considerada igualmente nociva por el sector, que considera que las agrupaciones de interés económico acabarán dirigiéndose contra constructores y armadores, reclamando una indemnización o dejando de contratar con ellos.

Así las cosas, el pasado lunes los jefes de gabinete de la Comisión Europea propusieron que sólo se devuelvan los importes aplicados entre los años 2007 y 2011 , es decir, a partir de que el sistema de incentivos fiscales que aplicaba Francia fue declarado ilegal. El naval lo rechazó igualmente de plano.

Los astilleros recuerdan que fue precisamente en esos cinco años cuando repuntó el número de contratos firmados por las gradas españolas y por tanto cuando más se aplicó el «tax lease» español. Lo que reclama Pymar es un trato igual al que recibió Francia: que aunque se declare ilegal el sistema de deducciones no se tengan que devolver las cantidades aplicadas por ello.

Argumentario español

La discriminación respecto al caso francés que supondría una resolución contraria no es el único argumento de la delegación española . Tanto los gobiernos central y autonómicos como el sector invocan, por ejemplo, el principio de confianza legítima : Bruselas no ponía en duda el sistema y los astilleros suponían por tanto su legalidad. La comisaria de Competencia de entonces, Neelie Kroes, llegó a contestar en 2009 ante las quejas de Noruega por posibles prácticas anticompetitivas que las ayudas españolas no eran discriminatorias. En base a esa carta, la patronal no descarta presentar una denuncia contra la Comisión.

Además, el «tax lease» contaba con el visto bueno del Parlamento español, formaba parte de la legislación nacional y el Ministerio de Hacienda aprobó todas y cada una de las operaciones sujetas a ese sistema de bonificaciones. De resolver en su contra, España advierte de que se pondría en entredicho la seguridad jurídica del país .

La última baza: la justicia

En los últimos días, y ante la inflexibilidad de Bruselas, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, telefoneó al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para tratar de arrancar un compromiso favorable para el naval español . Hoy mismo el Congreso de los Diputados aprobará una proposición no de ley en apoyo al sector. Y si nada de esos funciona, el Ejecutivo popular guardaría aún una última carta: recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia . Aunque para cuando la justicia falle —unos dos años—, advierte la patronal, será demasiado tarde: los astilleros ya habrán tenido que echar el cierre.

Hoy está en juego el futuro del naval español. Pero mañana serán los astilleros de Holanda, Grecia, Malta y de nuevo Francia, ya bajo la lupa de la Comisión, los que puedan correr igual suerte. Una situación de demandas cruzadas entre países —Holanda denunció a España, y España a Holanda, por ejemplo— que únicamente está beneficiando a los constructores asiáticos .