El fraude fiscal ha dejado sin efecto la subida del IVA de 2010, según Gestha

Esto deja en evidencia, según Gestha, la incapacidad de la Agencia Tributaria para sacar mayor rendimiento a las subidas impositivas aprobadas en los últimos años y que no han evitado que la presión fiscal se desplomara en casi seis puntos desde el inicio de la crisis, al pasar del 37,1% del PIB al 31,4%, un dato que muestra "cómo España está perdiendo capacidad recaudatoria". De esta forma, los técnicos de Hacienda advierten de que la "elevada bolsa de fraude" de España sitúa al país en las "peores" posiciones de recaudación de impuestos de la UE-27, y ello a pesar de las últimas subidas impositivas.

En el caso concreto del IVA, Gestha indica que de cada cien euros que se gastan en España, Hacienda tan sólo logra recaudar 9,7 euros de media, frente a los 12,3 euros que se obtiene en el conjunto de los países del entorno. Según sus estimaciones, España pierde cada año unos 17.176 millones de euros por fraude en el IVA. La "escasa efectividad de Hacienda", añaden los técnicos del Ministerio, se ha dejado sentir aún más en el Impuesto de Sociedades, cuya contribución al PIB se redujo en tres puntos porcentuales , relegando a España a la posición número 22 de la Unión Europea.

"Se trata, sin duda, del impuesto que más peso ha perdido en estos últimos años debido a que son las grandes empresas las que realizan las prácticas fiscales agresivas y las que más defraudan al fisco, concentrando casi el 72% del fraude total", subraya Gestha. Además, indica que a pesar de que España es el quinto país con el tipo de gravamen en el Impuesto de Sociedades más alto (30%), casi siete puntos por encima de la media de la UE (23,1%), sin embargo su recaudación es de las más bajas, situándose en el puesto 22 de 27.

Por último, Gestha propone cuatro medidas esenciales para reducir la economía sumergida : elaboración periódica de estudios oficiales de economía oculta al fisco, establecimiento por los parlamentos de un objetivo de la tasa sumergida en un plazo temporal, aumento de competencias y responsabilidades de la plantilla de la Agencia Tributaria y acuerdos de colaboración para la gestión tributaria que permitan compartir bases de datos entre las distintas administraciones públicas.