El juez rechaza el blindaje del ex director general de FEVE, amigo íntimo de Zapatero
Juan Díez López exigió una indemnización de más de 400.000 euros tras ser despedido en febrero de 2012, apelando a una cláusula de su contrato sin precedentes en la empresa pública
El juzgado de lo social número 19 de Madrid ha desestimado la demanda del ex director general de la Ferrocarriles de Vía Estrecha(FEVE), Juan Díez López, contra la empresa pública —hoy integrada en Renfe y Adif—, a la que reclamaba una indemnización de más de 400.000 euros por su despido en febrero de 2012. Díez, amigo íntimo del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero firmó justo un año antes de su cese, en febrero de 2011, un contrato que, además de fijar una asignación anual de 104.561 euros, incluía una «cláusula individual» por la que se blindaba ante el previsible cambio de Gobierno.
En concreto, el contrato establecía que en el caso de que FEVE decidiera su destitución antes de cumplir los cuatro años en el puesto —cuya fecha límite, por tanto, quedaba fijada en febrero de 2015— la compañía debería abonar una compensación correspondiente a «las cantidades» que restaban «por abonar hasta la extinción del contrato de alta dirección».
El fallo, al que ha tenido acceso ABC, echa por tierra las pretensiones del ex directivo, que reclamaba tanto esta diferencia como la que se deriva de no haber comunicado el relevo con un preaviso de seis meses. En total, la cifra ascendía a 377.710 euros, a los que se debían sumar los intereses de demora.
El tribunalestablece que este «blindaje» exigido por Díez «carece de la menor justificación, no tiene antecedente en FEVE, es desmesurado y desproporcionado, no acorde con las exigencias de un adecuado empleo de los fondos públicos» y tiene como único objetivo instrumentar una situación de «privilegio», cuya gravedad se agudiza por la crisis de la propia sociedad estatal, que perdió durante el año anterior a la firma del contrato 147,763 millones de euros. El juzgado madrileño también critica la falta de aptitudes demostradas de Díaz para dirigir FEVE y ejercer de técnico ferroviario, puesto al que fue degradado en diciembre de 2011, un mes antes de su destitución definitiva.
Pacto abusivo
La naturaleza «abusiva del pacto», añade el secretario judicial, no sólo responde a la «desmesurada cuantía de la indemnización», sino porque aparte de ello tiene como fin «garantizar» un puesto de trabajo «en el máximo nivel del convenio colectivo pero manteniendo la retribución que tenía como director general, sin que haya acreditado tener los conocimientos técnicos para el desempeño del cargo».
Por si fuera poco, este punto del contrato socavaba uno de los principios esenciales de la legislación:el relativo al uso de los recursos procedentes de las arcas públicas en beneficio de los empleados de una compañía de titularidad estatal. «El acuerdo implicaba un incremento del gasto público en materia de personal que en ningún caso podía haber sido autorizado, al estar expresamente prohibido por la norma».
En todo caso, es previsible que Díez recurra la decisión judicial, ya que no se trata de una sentencia en firme. No obstante, tendrá dificultades para demostrar su validez: el contrato ni siquiera contó con el preceptivo visto bueno del Ministerio de Economía. «El contrato precisaba el informe previo y favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, siendo así que tal informe no ha sido solicitado, por que se trata de un pacto nulo de pleno derecho», señala el fallo.
El abogado leonés, cuya amistad con el ex presidente de Gobierno se remonta a los años en que coincidieron en el colegio universitario de León durante sus primeros años como estudiantes de Derecho, estuvo vinculado a FEVE durante seis años. También ligado al partido socialista, Díez entró a formar parte de la sociedad de ferrocarriles como director gerente de gestión de patrimonio, puesto por el que se embolsaba unos emolumentos de 42.160 euros al año, que se añaden a un complemento por «puesto de trabajo» de 7.905 euros.
Poco a poco fue ascendiendo en el organigrama de la empresa hasta hacerse con el principal cargo ejecutivo de la sociedad, tras ocupar el sillón de la dirección general de la división de servicios corporativos (con un salario de 72.240 euros) o la de director general adjunto. Mientras tanto, durante el periodo que llevó las riendas de la dirección general, percibió un total 96.196,44 euros.
Trenes que no circulan
El juzgado subraya que el caso del blindaje de Díez es único en FEVE, ya que los cuatro directores generales anteriores no disponían de estas cláusulas. Finalmente, la empresa pública le ofreció una compensación, aunque muy inferior:se le abonó una compensación de siete días de salario por año trabajado, por 12.787,33 euros, así como 4.082,25 euros en concepto de preaviso y 5.211,56 euros como «finiquito». Díez, a los tres días de conocer las condiciones de la destitución, expresó su disconformidad vía burofax. Pero el tribunal entiende que esa cantidad ya ha sido satisfecha con la indemnización ya desembolsada.
Díez resistió abandonar la gestión deFEVE, pese a que tras la victoria del PP en las elecciones generales se hizo efectivo el nombramiento de Marcelino Oreja como nuevo presidente de FEVE en sustitución de Ángel Villalba (también cercano a Zapatero). El ex director general continuó llevando a cabo durante el mes de enero de 2012 las funciones de director general, al realizar inversiones, peticiones de gasto y contratos de ejecución de obra.
Aunque el fallo no profundiza sobre este punto, la gestión del equipo estuvo marcada por la polémica, como sucedió en 2011 con la operación de adquisición de cuatro trenes por 18,5 millones de euros. La Administración actual se vio obligada a poner en venta los convoyes, puesto que no pueden circular por la red ferroviaria española. La propia Abogacía del Estado se ha querellado contra los antiguos dirigentes de FEVE, a los que acusa de un daño patrimonial de 1,18 millones.
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