La crisis lusa y el rescate chipriota centrarán el Eurogrupo de hoy en Dublín

En concreto, el Tribunal Constitucional portugués anuló la semana pasada la supresión de una paga extra a funcionarios y pensionistas, y los recortes en el subsidio por desempleo y enfermedad. Lisboa debe actuar con rapidez para poder cerrar con la troika -la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional- la séptima revisión del rescate.

El desembolso del siguiente tramo de 2.000 millones de euros del rescate y el alargamiento del plazo de devolución del préstamo de 78.000 millones de euros del programa dependen de su capacidad para convencer a la eurozona y a la tríada de que con los nuevos recortes en Sanidad, Educación, Seguridad Social y empresas públicas podrá cumplir los objetivos fiscales establecidos.

El Eurogrupo y el Ecofin estudiarán cinco propuestas elaboradas por la troika con diferentes plazos -uno de ellos de siete años- para ampliar el tiempo de amortización del préstamo concedido a Portugal e Irlanda, aunque el acuerdo, si lo hubiera como espera la CE, tendría carácter político al tratarse de una reunión informal.

La eurozona también abordará la situación en Grecia, aunque no desbloqueará todavía el próximo tramo de 2.800 millones de euros, dado que la troika está todavía en Atenas para verificar el cumplimiento previo de ciertas medidas acordadas y negociar otros aspectos del rescate al país.

Sí habrá un acuerdo político sobre el memorando de entendimiento que establece las condiciones del rescate de hasta 10.000 millones de euros a Chipre, para cuyo programa de asistencia financiera se ha elaborado el análisis de sostenibilidad de la deuda y un estudio de las actuales o potenciales necesidades económicas. El objetivo es que la aprobación formal se haga este mes con el visto bueno de los parlamentos nacionales y que el primer desembolso se pueda otorgar en la primera mitad de mayo.

El borrador que se ha filtrado a medios de comunicación revela que, mientras que inicialmente Nicosia tenía que aportar 7.000 millones de euros al programa, ahora son 13.000 millones, lo que eleva el rescate total a 23.000 millones, necesidad finalmente confirmada ayer por el Gobierno chipriota.

El documento incluye las ya conocidas medidas en sector bancario (la liquidación del banco Laiki y la reestructuración del Banco de Chipre), pero también otras desconocidas hasta ahora como el uso de reservas de oro y la refinanciación de deuda. Por otra parte, las previsiones macroeconómicas son devastadoras, dado que la troika calcula que el PIB chipriota se contraerá un 12,5 % entre 2013 y 2014 y la deuda se disparará al 121,9 % en 2016.

Los ministros seguirán además trabajando en los detalles técnicos de la futura recapitalización directa de la banca, la cual, según prevé la eurozona, solo entrará en juego al final del proceso de reestructuración y liquidación de entidades , una vez hayan asumido pérdidas los accionistas, depositantes y tenedores de bonos.

En concreto, pretenden llegar a un acuerdo sobre el reparto de la carga y los activos heredados, es decir la contribución que tendrán que hacer los países que acudan al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para recapitalizar directamente su banca, y la posibilidad de que éste se haga cargo de los activos tóxicos y a partir de cuándo.

El presidente del Grupo de Trabajo del Euro propone que la participación propia se sitúe entre el 10 % y el 20 %, lo que sirve como factor desincentivador para los países.

Quedarán pendientes para los próximos dos meses el asunto de la retroactividad de la recapitalización directa -es decir la pregunta de si países que, como España, ya han recibido ayuda pueden beneficiarse a posteriori-, la «arquitectura financiera» (si lo llevará a cabo una subsidiaria del MEDE o éste directamente) y los «topes» para limitar los recursos que el MEDE puede destinar a la medida frente a otras líneas de crédito e instrumentos.

No estará en la agenda de la reunión la posible flexibilización de calendarios de déficit ni la propuesta del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy , de aumentar las competencias del BCE para que puedan equipararse a las del resto de bancos centrales del mundo, que pueden actuar con menos limitaciones.