Las cajas con ayudas pagaron dietas por más de 13 millones en el año de su ocaso

El caso navarro tiene particularidades que no pueden extrapolarse al resto del sector: los políticos cobraban por su asistencia a las reuniones de la comisión permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, órgano que no formaba parte de la estructura directiva de la caja y cuya única tarea era realizar informes no vinculantes para la entidad. Las dietas en el resto de entidades se pagaban, según la información pública disponible, a quienes sí formaban parte de sus órganos directivos y tenían más o menos responsabilidades en la gestión.

Aun así, durante 2010, el año de las fusiones «in extremis» en el mundo financiero, vino con recompensa también para sus gestores. Las entidades con ayudas pagaron a los miembros de sus cúpulas y comisiones más de 13,2 millones de euros (ver al detalle en la edición en papel de ABC), según los informes de gobierno corporativo de las propias entidades disponibles en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una jugosa cantidad que engordó al calor de las numerosas reuniones convocadas para definir las operaciones de fusión. La norma es clara: a más consejos, más dietas. Y en ese ejercicio el número de sesiones celebradas por los consejos de administración y las distintas comisiones de las entidades, en las 28 cajas analizadas, ascendió a 1.385 convocatorias.

En Caja Navarra, en poco más de un año, esa junta convocó 16 reuniones, cada una de una hora, aunque agrupadas de dos en dos en un solo día para que fuera más cómodo para sus miembros. Eso supuso que el expresidente navarro Miguel Sanz recibiese en un solo día y por dos horas casi 5.700 euros. La actual presidenta, Yolanda Barcina, ingresó 3.434 euros. Ambos anunciaron después su decisión de devolver las dobles y triples dietas cobradas.

Durante 2010, la mayor retribución correspondió a Caja Madrid, ya presidida por Rodrigo Rato, con más de tres millones de euros a repartir entre 36 representantes. Le siguió CatalunyaCaixa, que pagó casi millón y medio a 32 representantes. Los pagos en Novacaixagalicia sumaron 665.000 euros a repartir en 32 cargos, y en Caja Murcia, que lidera BMN, superaron los 530.000 entre 28 representantes.

Las dietas más elevadas eran cobradas por los miembros del consejo de administración de cada caja, máximo órgano de dirección y encargado de la gestión financiera. Esta cúpula la forman representantes de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, de los clientes (impositores), de los trabajadores (sindicatos), de entidades sociales, económicas y culturales y de las personas o entidades fundadoras de la propia caja, todos ellos elegidos por la asamblea general.

La asamblea también escoge a los miembros de la comisión de control con igual criterio de representatividad. Independiente del consejo, este organismo supervisa que la actuación de la dirección se ajuste a los criterios fijados por la asamblea y al interés general de la caja. Sus integrantes no tienen salario fijo, y solo cobran dietas, menores que las de los consejeros, por asistencia a cada una de las reuniones.

En cambio, los miembros del consejo, además del sueldo de consejero y las dietas por asistencias a las convocatorias de la cúpula, ocupaban y cobraban dietas si tenían cargos en otras comisiones —ejecutiva, de inversiones, de auditoría, de retribuciones— de la entidad. Así, algunos consejeros recibían dietas por duplicado.

Las retribuciones —sobre todo planes de pensión, indemnizaciones y otros blindajes — de varias cajas han llegado ya a los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción investiga a varias entidades por supuestos sueldos ilegales. La Audiencia Nacional instruye la causa contra la antigua cúpula de la CAM, donde el expresidente Modesto Crespo se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011, una cantidad que equivale a 30 veces las dietas que le correspondían por su cargo, sin recibir la aprobación de la asamblea.

También en la CAM, su ex directora general, María Dolores Amorós, despedida de manera fulminante por el Banco de España acusada de falsear los balances de la caja , recibía una retribución anual de 593.040 euros y supuestamente acordó con Crespo, también destituido, una renta vitalicia anual que sumaba 369.497 euros.

A estos se unía el caso de CCM, primera entidad intervenida en esta crisis, en marzo de 2009. Los miembros del consejo se duplicaron la remuneración en tres años, de 2004 a 2007, año en el que alcanzó 2,17 millones.

Otro de los casos que más indignación social ha provocado es el de Novacaixagalicia, nacionalizada en 2011. Durante meses, centenares de personas protestaron para exigir la devolución de las indemnizaciones millonarias, unos 23 millones , que habían cobrado algunos directivos. Según la Fiscalía, coincidiendo con la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, cuatro exdirectivos modificaron sus contratos de alta dirección, a espaldas del consejo y de los órganos de control, para preparar su salida de la entidad.

«Diseñaron una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia a costa y a espaldas de la entidad» , describió la Audiencia Nacional durante la investigación del caso Caixa Penedés, de la que su expresidente y otros tres exdirectivos salieron tras cobrar pensiones por 20 millones.

Otro de los casos que pasó por el filtro de la justicia fue el del presidente durante casi treinta años de Cajasur, Miguel Castillejo. La Junta de Andalucía denunció en 2003 su póliza de jubilación, por 2,9 millones, aunque la Fiscalía Anticorrupción consideró que se ajustaba a la legalidad. Al parecer, Castillejo habría incrementado la póliza en un millón, hasta los 4,3, cuatro meses antes de jubilarse, en 2005.

El Gobierno ya ha limitado las retribuciones en las entidades con ayudas, ha decidido vigilarlas también en el conjunto de las empresas cotizadas e investigará cualquier indicio de fraude en bancos y cajas nacionalizadas, cuyo rescate ha costado a los españoles más de 40.000 millones de euros.