Cataluña y Valencia, las autonomías con más pisos en el fondo de alquiler social

A continuación figuran Andalucía, con 859 inmuebles, que representan el 17%, Madrid, con 402 pisos (7,9%); Murcia, 263 (5,2%); y Castilla-La Mancha y Castilla y León, con 240 y 214 viviendas, respectivamente, que suponen algo más del 4,5% del total en cada caso.

El FSV cuenta inicialmente con 5.047 viviendas, una cantidad inferior a los 5.891 pisos comprometidos por la banca en el convenio que regula el funcionamiento y las características del fondo firmado el pasado mes de enero. Esta diferencia se explica principalmente por que CaixaBank ha configurado las aportaciones a su fondo para alquiler social en periodos trimestrales. Tal como explica la entidad en su página web, en la primera convocatoria del año ha destinado 200 inmuebles al fondo, número que irá ampliando a lo largo del año hasta alcanzar los 850 inmuebles anunciados.

En el resto de casos en los que hay variaciones los oscilaciones, alguna al alza, son de poca cuantía respecto al número de inmuebles comprometidos. Por ejemplo, Banco Popular tiene 345 pisos, frente a los 336 anunciados, Nueva Caja Aragón uno más de los que dijo en un primer momento, mientras que Bankia ha aportado 903 de los 1.000 anunciados y el grupo Cajatres uno menos de los 20 que dijo.

Del total de viviendas, 1.345 inmuebles, el 26,6 % del total, está ubicado en capitales de provincia. La que más tiene es Madrid, con 168 pisos, seguido de Alicante (157), Tarragona y Valencia, con 106 cada una. San Sebastián, Lugo, Pamplona y Bilbao no cuentan con ninguna vivienda dentro del fondo de alquiler social.

Más de la mitad de las viviendas (2.648) tienen tres habitaciones, mientras que otras 1.209 son de dos, 436 de cuatro y 277 de una habitación. El FSV en realidad es un conjunto de fondos, ya que cada entidad constituye y gestiona su propio parque de alquileres sociales y lo destina sólo a personas que han sufrido un desalojo de su vivienda por impago de un préstamo hipotecario concedido por ese banco.

Pueden optar a un alquiler del fondo quienes hayan sido desalojados de su residencia habitual después del 1 de enero de 2008, tengan ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y se encuentren en alguno de los supuestos definidos como de especial vulnerabilidad.

Se considera dentro de este colectivo a familias numerosas; unidades familiares monoparentales con dos hijos o más, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y algunos supuestos de violencia de género.

También están incluidos deudores en paro y que hayan agotado la prestación, unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por vínculo hasta el tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave, así como aquellas en las que exista una víctima de violencia de género.