Luz verde a la «garantía» europea para el empleo juvenil

Dotada con hasta 6.000 millones de euros, la "garantía juvenil" es la primera medida de la UE específica para combatir las alarmantes cifras de desempleo juvenil, que en diciembre alcanzó el 23,4% en los Veintisiete y el 55,6% en España, según los últimos datos disponibles de Eurostat.

Su aprobación en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE celebrado ayer supone "el reconocimiento de que el paro juvenil es una crisis social y económica", afirmó la presidenta de turno de la reunión y ministra irlandesa del ramo, Joan Burton, en conferencia de prensa.

"Hasta ahora la respuesta a la crisis había sido sólo presupuestaria", dijo Burton, quien destacó la necesidad de "respuestas globales" para afrontar el problema.

En particular, la garantía establece que todos los menores de 26 años deben recibir una oferta de "empleo de calidad, formación continua, prácticas o aprendizaje profesional" en un plazo máximo de 4 meses tras terminar sus estudios o quedar desempleados.

A partir de 2014, cada Estado miembro deberá desarrollar las acciones concretas necesarias para que todos los jóvenes accedan a estas oportunidades, y para ello podrán optar a fondos comunitarios que se distribuirán en función de la situación del empleo juvenil en cada país.

"Es importante que los países pongan en marcha rápidamente medidas para que esta garantía sea una realidad", señaló el comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, quien destacó que el coste de la misma para las arcas nacionales y comunitarias evitará "gastos aún mayores derivados de futuros problemas sociales y económicos".

La financiación de las medidas nacionales provendrá de los fondos sociales y de cohesión de la UE, así como de una nueva partida presupuestaria comunitaria de 6.000 millones de euros para el período 2014-2020, destinada a acciones específicas de empleo juvenil y apoyada por los Veintisiete en la última cumbre europea.

En el caso de España, la "garantía juvenil" se llevará a la práctica mediante las medidas incluidas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo recientemente impulsada por el Gobierno, afirmó la ministra del ramo, Fátima Báñez, durante su intervención en el Consejo.

Este plan supone "la aplicación de la garantía juvenil" a España, dijo la ministra, quien destacó que el plan nacional "atiende a las circunstancias particulares" de los jóvenes españoles, en particular las de aquellos con un nivel bajo de formación o los que necesitan "aumentar su 'empleabilidad'".

La estrategia acordada entre el Ejecutivo y los agentes sociales españoles para 2013-2016 incluye quince actuaciones de choque a corto plazo, entre las que se prevén ayudas para los jóvenes que quieran reincorporarse al sistema educativo, así como nuevos incentivos para su contratación.

La ministra española pidió a la UE que conceda "flexibilidad" para que cada país aplique la iniciativa "en función de sus circunstancias nacionales, sin que se frustren las expectativas y teniendo en cuenta el proceso de consolidación fiscal", algo que ya está contemplado en el texto apoyado hoy.

Otros países como Reino Unido o Portugal se pronunciaron en la misma línea, e incluso solicitaron ampliar a seis meses el plazo máximo de la garantía para asegurar el cumplimiento de la misma, durante sus intervenciones en el debate del Consejo.

Báñez también pidió flexibilidad en el mecanismo de financiación comunitaria, y señaló que España "dedicará la dotación que le corresponda" de esos 6.000 millones a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo.

Según las estimaciones del Gobierno, España podría recibir hasta 1.000 millones de euros de la nueva partida presupuestaria de la UE, destinada principalmente a las regiones con una tasa de desempleo joven mayor del 25 %.

Inspirada en el sistema de países como Austria, Finlandia o Suecia, la garantía tiene formato de recomendación y por tanto no es jurídicamente vinculante para los Estados miembros, aunque su aplicación a nivel nacional será objeto de seguimiento por parte de la Unión.

Tras el acuerdo político alcanzado en el Consejo, la recomendación deberá ser aprobada de forma definitiva por los Veintisiete, lo que se prevé que tenga lugar en la cumbre europea de los próximos días 14 y 15 de marzo.