El lado oscuro de la economía española

En 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se multiplicó por cuatro. La economía sumergida supone un lastre para la recaudación y la actividad económica, que debe soportar una mayor carga fiscal para compensar los ingresos dejados de percibir. ¿De cuánto dinero hablamos en el caso de España? Calcular el volumen de la economía sumegida es tan complicado como medir lo que no está a la vista, lo que está oculto. No obstante, diferentes estudios de diversos organismos -Fedea, Funcas, el Banco Mundial y la propia Unión Europea-, sitúan la economía sumergida en una horquilla de entre el 19% y el 25% del PIB, frente a una media de la zona euro diez puntos por debajo. Solo Grecia está peor.

Las últimas estimaciones realizadas por el profesor Friedrich Schneider, jefe del departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Johannes Kepler de Linz (Austria), consideran que la economía sumergida en España se situa en un 19,2% del PIB, ligeramente por encima de la media europea, que sitúa en el 18,9%.

Otros estudios, como el realizado por Fedea, calculan el peso de la economía sumergida en España en torno al 20% del PIB. Este elevado nivel de economía oculta responde a «una errónea distribución de los impuestos que incentiva el fraude fiscal e impide avanzar a las empresas y a la composición del tejido empresarial de España, formado por pequeñas y medianas empresas tecnológicamente atrasadas», según explica Michele Boldrin, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Saint Louis y asesor de Fedea.

Explica que en el caso de que se pusieran en marcha todos los mecanismos de control del fraude, en línea con lo realizado por otros países como Alemania o Suecia, se podría reducir el peso de la economía sumergida hasta seis puntos, dejándolo en el 14% del PIB. Ese ajuste podría tener, según sus cálculos, un impacto de hasta dos puntos porcentuales en el déficit público. Y ese margen podría ser mayor, según Boldrin, si se produjera una redistribución de la carga impositiva, reduciendo la que grava el trabajo,las cotizaciones sociales.

Según datos de la OCDE Alemania dedica un 80% más de fondos a la lucha contra el fraude fiscal que nuestro país, frente al 68% de Francia y el 54% de Italia. Con una inversión de 6.973 millones, Alemania gastó en 2009 cinco veces más en perseguir la economía sumergida que España, que destinó ese año 1.405 millones.

¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos el fraude fiscal es, en tanto por ciento del PIB, poco más de la tercera parte de lo que es en España o en Italia? Fedea argumenta que una pequeña parte de la economía sumergida se concentra en «ricos evasores» y que la gran parte viene de «pequeños evasores», para los que eludir al Fisco es parcialmente la manera de estar en el mercado. Ello explicaría el escaso fraude fiscal que se anota Estados Unidos, una economía en el que el número de pymes y microempresas es muy bajo respecto al total.

Pero, ¿cómo se mide el tamaño de la economía sumergida, dada su naturaleza oculta? Una posibilidad consiste en hacerlo mediante métodos directos, como las encuestas, aunque éstas no sean muy fiables. Existen también métodos indirectos de estimación. Por ejemplo, las transacciones en ese mundo se realizan con activos muy líquidos, que no dejen rastro, predominando el uso de efectivo en billetes grandes. Según describe el Libro Marrón publicado por el Círculo de Empresarios, cuya vigésimo sexta edición lleva el título de «Implicaciones de la economía sumergida en España», el dinero en metálico en circulación supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro, y que en España se mueven 111 millones de billetes de 500 euros, el 30% de los emitidos en Europa, lo que supone el 64% del valor total de efectivo en manos de los españoles.

María Gómez Agustín, economista de Freemarket, explica que «el volumen de economía sumergida de un país está en relación directa con el grado de regulación de las actividades económicas, que eleva los costes de transacción, y el nivel de presión fiscal. Una circunstancia que encarece el desarrollo de las actividades productivas desarrolladas dentro del marco legal fiscal». Explica que «mayor regulación y aumento de la presión fiscal (como es el caso en España) fomenta la economía sumergida. Por el contrario, si bajan los impuestos, ocurrirá lo contrario», apunta.

Etapa Aznar

Agustín recuerda que un buen ejemplo de esta relación entre bajos impuestos y reducción de economía sumergida es el afloramiento de rentas que se produjo con la bajada impositiva de la reforma fiscal que se desarrolló en 1997 en tiempos del Gobierno de José María Aznar. «Los países con menos economía sumergida son básicamente los anglosajones que se caracterizan por tener una mayor libertad económica (menor regulación de la actividad de los mercados) y una fiscalidad más baja (cuanto más costoso es estar en la superficie más gente se sumerge)», puntualizó.

Pero sacar dinero de debajo de las piedras es lo que necesitaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy desde los inicios de su primer mandato, que comenzaba en la práctica en enero de 2012. La herencia envenenada del anterior Gobierno socialista dejaba al nuevo a los pies de los caballos. Un agujero en las cuentas del país sorprendente y fuera de control. El ejercicio acababa con un déficit público que rozaba el 8,9% del PIB. Subir los impuestos se antojó entonces como la única fórmula para lograr ingresos.

Europa entonces no daba crédito al descontrol de las cuentas públicas y tomaba cartas en el asunto: de obligado cumplimiento para el recién estrenado Ejecutivo hacer un esfuerzo sobrehumano para bajarlo a cierre de 2012 hasta el 5,3%. Una estimación revisada en un punto al alza, 6,3% una vez que los mandatarios europeos valoraron las medidas puestas en marcha por Rajoy para hacer más pequeño el agujero en tiempo récord.

De hecho, son varios los expertos que coinciden en señalar que si no se hubieran tomado tales medidas el simple impulso de la recesión hubiera disparado el déficit hasta el 11%. Ahora, todo parece indicar que el déficit español rondará el 7%, con la connivencia de nuestros mayores. No en vano, Bruselas valoró en público el tremendo ajuste fiscal llevado a cabo por España, unos 40.000 millones en medio de una recesión, por lo que decidió no exigir más recortes: «La Comisión ha concluido que España ha adoptado medidas eficaces para los ejercicios de 2012 y 2013. Ha realizado el esfuerzo estructural necesario para estabilizar sus finanzas públicas teniendo en cuenta la débil coyuntura», declaró el comisario Olli Rehn a principios de diciembre. Ahora, los mercados ya han tomado para 2012 ese alrededor del 7% como el guarismo mágico para determinar si el Gobierno español aprueba o suspende en su labor de ajustes. Si finalmente se errase por mucho, los inversores, en la actualidad ciertamente «tranquilos», volverían a castigar a España.

Pero no solo de recortes vive un país. Las cuentas tienen que estar compensadas entre ingresos y gastos y lo recibido por subida de impuestos no da para mucho más. El Gobierno se veía obligado a batallar con uno de los problemas más difíciles de tratar, esos más de 200.000 millones sin control fiscal y con que se dejen de ingresar más de 70.000 millones en las arcas públicas (el 7% del PIB). Unas cifras que de estar «afloradas» harían muy diferente la cifra de déficit del país. Se trata además de un «pellizco» de dinero muy elevado, que contrasta con el 14% que supone la economía «en B» como media en la OCDE.

El desafío de lo «oculto»

Pero la economía sumergida, «oculta» o «irregular», plantea grandes desafíos a la política económica de cualquier Gobierno y afecta de manera decisiva a las finanzas estatales por la menor recaudación tributaria. El problema incide también en la distorsión de la competencia empresarial, en peores condiciones laborales y en la atracción que ejerce sobre la inmigración ilegal.

«No existen datos cuantitativos fiables sobre el efecto distorsionador que el fraude fiscal asociado a la economía irregular tiene sobre la competitividad empresarial. Lo que sí es claro es que en un contexto de elevación de la presión fiscal como el que venimos viviendo desde hace algunos años se produce una mayor desigualdad entre quienes respetan la legalidad y quienes operan al margen del sistema», reflexiona Jorge Sánchez, abogado experto en fiscalidad internacional de Montero/Aramburu Abogados.

Y es que en España es palpable la alegría con la que se ofrecen en el mercado servicios y operaciones sin factura, facturas sin IVA y operaciones con una parte «en negro», lo que viene a demostrar el poco miedo que tiene el defraudador a ser pillado, la implicación social que existe y el fracaso de la Administración en su lucha contra el fraude. «Existe una relación directa entre incremento de la carga fiscal, aumento del fraude y daño al tejido empresarial por la disminución de la competitividad en el mercado nacional. Si bien en el contexto de la economía regular el aumento de la competitividad debe venir dado por factores como el I+D, la innovación, la gestión del capital humano, la mejora en la calidad o la gestión financiera, el fraude fiscal es un factor diferenciador superior a todos ellos, fácilmente perceptible en el ámbito del empresario que comercializa bienes o servicios dirigidos al consumidor final», añade Sánchez.

Objetivo: más recaudación

El Gobierno Rajoy decidió coger el toro por los cuernos desde el minuto uno. Cuantificó como pudo el dinero que podría obtener si aflorase lo no declarado y se puso manos a la obra. Ya en el tercer consejo de ministros de su recién estrenado gobierno -el 5 de enero de 2012-, anunciaba un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal. El objetivo: aumentar la recaudación en 8.171 millones para así incrementar los ingresos fiscales y reducir el déficit. En cualquier caso, la medida más comentada entonces fue el anuncio del estudio de la limitación de pagos con dinero en efectivo. Medida que no fue concretada por el Gobierno en aquel momento ni en sus modalidades ni en las cuantías aplicables.

Reforzar la inspección

«Las medidas introducidas hasta ahora van dirigidas principalmente a atajar el fraude en fase recaudatoria -explica Jorge Sánchez, del despacho Montero/Aramburu-, pero es necesaria una reforma profunda orientada a atacar el fraude consistente en actividad no declarada. Debería realizarse mayor asignación de recursos a la persecución de quienes están al margen del circuito económico legal, con el fin de introducir a tales personas en el sistema». Añade que «las administraciones tributarias deberían asignar una parte de los medios que dedican a la comprobación y a la exigencia de cumplimiento minucioso de las obligaciones tributaras a quienes ya cumplen con la legalidad a perseguir a quienes se sitúan completamente al margen de ésta y están en consecuencia fuera de los registros públicos».