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Las administraciones pagaron con 141 días de retraso en 2012, el triple del límite legal

El dato supone una reducción frente a los 162 días de 2011, según la Plataforma multisectorial contra la morosidad. Entre las empresas, el plazo medio de cobro fue de 93 días.

javier tahiri

El retraso en el pago continuó siendo una constante entre las empresas y las administraciones españolas en 2012 a pesar del plan de pago a proveedores del Gobierno. Aunque la medida redujo el plazo medio de cobro del sector público desde los 162 días de 2011 a 141 días el año pasado, esto supone más del triple del límite legal establecido en 40 días para las administraciones el año pasado (y en 30 días para 2013). En cuanto al sector privado, la demora se redujo de 98 días a 93 días, si bien el máximo legal estaba en 2012 en 75 días (en 2013 es de 60 días), según ha publicado la Plataforma multisectorial contra la morosidad en su informe anual.

El presidente de la plataforma, Antoni Cañete, destacó que a pesar de estos datos, el plan de proveedores del Gobierno ha funcionado, lo que se demuestra en la reducción del número de días que emplea el sector público en pagar. También afirmó que desde el Ministerio de Hacienda les han comunicado que se utilizará el remanente del plan, de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, para así liquidar por completo todas las deudas de las administraciones anteriores a 2011. Sin embargo, lamentó que si bien el sector público ha saldado sus facturas pendientes con sus proveedores, estos no han hecho lo propio con sus subcontratados, por lo que la cadena de pago no se ha extendido a los siguientes escalones.

Así, el ratio medio de impagados en 2012 se situó en el 7%, lo que supone un leve descenso respecto al 7,1% de 2011 pero continúa lejos de la media europea, del 2,5%. En cuanto a las ventas, las empresas recogidas en el estudio rebajaron sus ingresos el pasado año un 10,5% de media. «Menores ventas y mayor morosidad es un cóctel molotov para nuestras compañías», alertó Cañete.

La morosidad ha sido la razón que ha llevado al cierre a una de cada tres empresas en España desde el inicio de la crisis. Por ello, la plataforma reclama el establecimiento de un régimen sancionador que castigue a los que sobrepasen el límite de pago legal. Para combatir la morosidad en toda Europa, la UE aprobó la directiva 2011/7, que el Gobierno debe transponer antes del próximo mes de marzo para no arriesgarse a posibles sanciones.

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