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El Gobierno convoca a la embajadora de Bolivia para expresar su malestar por las nacionalizaciones

Día 17/01/2013 - 08.24h
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Las autoridades españolas consideran poco amistosa la actitud del Ejecutivo boliviano en los casos de Red Eléctrica e Iberdrola

El Gobierno convoca a la embajadora de Bolivia para expresar su malestar por las nacionalizaciones
JOSÉ ALFONSO

El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó ayer a la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, para expresarle el malestar del Gobierno por las expropiaciones de filiales de empresas españolas en suelo boliviano llevadas a cabo en los últimos meses por el Ejecutivo de Evo Morales, según supo ABC de fuentes solventes.

Almendras fue recibida por el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez Olea, quien le traslado la protesta española por las nacionalizaciones de Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica Española, llevada cabo el pasado mes de mayo, y por la más reciente, de las cuatro filiales con las que opera Iberdrola.

Las autoridades españolas consideran poco amistosa la actitud del Gobierno boliviano, cuyo presidente, Evo Morales, fue recibido en Madrid por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pocos días antes de que llevaran a cabo las últimas expropiaciones y cuando la seguridad jurídica había sido uno de los asuntos centrales de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

De todos modos, el Gobierno español considera positivo que la pasada semana, responsables del Gobierno boliviano se reunieran con representantes de Red Eléctrica, para negociar la valoración de la filial expropiada. En el encuentro estuvo presente también el embajador español en la Paz, Ángel Vázquez. Fuentes de la compañía indicaron tras la reunión que si se garantiza que «el proceso se va a ejecutar con la diligencia debida», Red Eléctrica no presentará una demanda de arbitraje.

Se espera, además que en los próximos días tenga lugar otra reunión con objetivos similares con representantes de Iberdrola, que pide una indemnización de 75 millones de dólares por la nacionalización de sus filiales realizada el pasado 29 de diciembre, alegando que cobraban más del doble a los consumidores de las zonas rurales. Se trata de dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones.

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