Las inminentes reformas de Rajoy

«Uno de los objetivos de la nueva reforma -ha explicado el ministro de Industria, José Manuel Soria, recientemente-, será que el sistema eléctrico ofrezca una «señal de precios» que «sea el reflejo de los costes reales» y avanzar en la mejora de la competitividad, ya que el coste de la energía es «uno de los aspectos que más influyen» en este aspecto.

Además, la ley incluirá novedades relacionadas con el autoconsumo eléctrico y la generación distribuida, lo que permitirá a los consumidores generar su propia energía e incluso verterla en la red cuando tengan excedente gracias al modelo de balance neto. El Gobierno dijo a Bruselas que aprobaría la ley en el primer trimetre. Soria se da un poco más de plazo: antes de julio.

El proyecto de ley de garantía de unidad de mercado será una de las primeras normas en aprobarse. El Gobierno tiene previsto darle el visto bueno el próximo viernes, 11 de enero, aunque todavía queda algún fleco por perfilar. Con la nueva norma, como avanzó ABC, una sola licencia autonómica será suficiente para que las empresas y los profesionales puedan operar en cualquier punto de la geografía española, sin necesidad de pedir una nueva autorización en la comunidad donde se deseen comercializar sus productos y prestar sus servicios.

España pondrá en marcha los principios de licencia única y legislación de origen que ya se aplican entre estados miembros de la Unión Europea. No obstante, el Ejecutivo está acabando de diseñar el mecanismo a aplicar en caso de que haya conflictos entre comunidades autónomas. Se trataría de crear una unidad específica para resolver las divergencias que pudieran producirse.

Entre los compromisos del Ejecutivo que todavía no se han puesto en marcha está la creación de una Autoridad Fiscal Independiente cuyo principal objetivo sería velar por el cumplimiento de la normativa presupuestaria y detectar de forma temprana las posibles desviaciones en la ejecución de la cuentas públicas.

Esta medida se enmarca dentro del objetivo de mejorar la gobernanza económica con mayor control y disciplina presupuestaria. A juicio del Ejecutivo es fundamental para recuperar la confianza perdida en la economía española. El primer paso lo dio el Gobierno de Rodríguez Zapatero a finales de 2011 con la reforma constitucional para incluir los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Ya el Ejecutivo de Rajoy aprobó la ley orgánica de Estabilidad que desarrolla ese mandato constitucional y pone límites al gasto y prevé instrumentos de control para todas las administraciones públicas, incluida la posibilidad de que el Estado intervenga a las autonomías que no cumplan sus compromisos de déficit. El Ejecutivo ha aprobado también una ley de transparencia y acceso a la información pública para aumentar la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

Antes de que concluya el primer trimestre, el Gobierno llevará a cabo una reforma de la jubilación anticipada y de la parcial para restringir su acceso, ya que las cifras demuestran que son precisamente estas fórmulas de cobro temprano de las pensiones las que más caras salen al sistema.

El Ministerio de Empleo ha remitido varios informes al Pacto de Toledo, con el objetivo de pactar estas reformas con la oposición y con los sindicatos, pero es más que previsible que el resto de partidos no quieran asumir el coste político de endurecer estas jubilaciones anticipadas y que el Gobierno apruebe por decreto la medida en los próximos meses.

De momento, además, el Ejecutivo ha dejado en suspenso durante tres meses los artículos de la reforma de Zapatero referidos al retiro anticipado. Hay quien ha visto en este aplazamiento una tregua para que los ajustes anunciados en la banca, en Iberia, en Aena... puedan todavía acogerse a las ventajas de la legislación actual.

También se está debatiendo en el Pacto de Toledo la regulación del factor de sostenibilidad que recoge la reforma de las pensiones que entró en vigor el pasado 1 de enero y que tiene como objetivo ligar la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida. El margen que se ha dado Rajoy para aprobarlo es el primer semestre.

En las próximas semanas verá luz verde el proyecto de Ley de Servicios Profesionales que traerá importantes novedades. Según el anteproyecto de ley, se liberaliza la propiedad de las farmacias suprimiéndose la reserva de la propiedad y la titularidad al farmacéutico, aunque se le mantiene la dirección de la farmacia en exclusiva.

Asimismo, la norma suprime la reserva exclusiva de actividad de los arquitectos, por lo que podrán proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes o religiosos, arquitectos e ingenieros con competencias en edificación. Tendrán que colegiarse para firmar proyectos. También se elimina la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador. Ambos mantendrán colegiación obligatoria para actuar ante jueces y tribunales.

Entre los planes del Ministerio de Empleo para los próximos meses, desvelados por la ministra Báñez en una entrevista a ABC, destaca un plan de apoyo a la iniciativa emprendedora y medidas de impulso al trabajo autónomo. En el primer paquete el Ejecutivo prevé crear la figura del emprendedor de responsabilidad limitada e impulsar la financiación propia y ajena de los emprendedores a través de inversores indivuales, capital riesgo profesional, e incluso crear un mercado alternativo de renta fija.

Asimismo, se prevé mejorar su fiscalidad; apoyar su internacionalización; facilitarles el acceso a la contratación pública, así como facilitar la transmisión de empresas. Asimismo, el Ejecutivo prevé aprobar una nueva ley de mutuas para luchar contra el absentismo laboral. El Gobierno ha utilizado el fondo de reserva de las mutuas para hacer frente a la falta de liquidez en el pago de pensiones. A cambio, el Ejecutivo ha accedido a dar más poder a las mutuas en el control de las altas por enfermedad. En 2010 un millón de personas faltaron cada día a su puesto de trabajo. Son cifras inasumibles que el Ejecutivo quiere reducir.

El Gobierno aprobará en las próximas semanas el proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias por el que permitirá a las cajas sanas crear fundaciones para mantener el control de sus bancos y evitar así la exigencia de Bruselas de que las cajas de ahorros sigan controlando a las entidades financieras. No obstante, estas fundaciones tendrán fuertes medidas de control por parte del Banco de España, y sus miembros tendrán que cumplir requisitos de profesionalidad, nada de políticos, sindicatos, impositores, ....