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El recibo de la luz volverá a pagarse cada dos meses y con lecturas reales

Día 29/12/2012 - 03.23h
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El Gobierno elimina por real decreto la lectura estimada de la factura, que dejará de recibirse a partir del próximo mes de abril

El recibo de la luz volverá a pagarse cada dos meses y con lecturas reales

Cuatro años después de su eliminación, vuelve el recibo de la luz bimestral. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para que a partir del próximo mes de abril tanto los hogares como las pymes facturen de acuerdo con el consumo real que reflejan los contadores; es decir, el Ejecutivo acaba -siempre que el cliente lo desee- con la polémica lectura estimada, que desde su puesta en marcha ha generado un aluvión de reclamaciones por parte de las organizaciones de consumidores.

La nueva regulación elevará, además, a 15 kilovatios (kW) de potencia contratada el umbral para acogerse a esta factura de periodicidad bimestral. Antes solo podían optar a ella quienes no superaran los 10 kW. Serán las propias compañías que ofrecen la Tarifa de Último Recurso (TUR), el recibo cuyo precio establece parcialmente el Gobierno, las que seguirán encargándose de recopilar dicha información. Pero no se basarán, como ocurría hasta ahora, en los promedios históricos de consumo que se aplicaban en los meses alternos.

Para los escasos usuarios de alguna de las tarifas liberalizadas -se calcula que la gran mayoría de los clientes, unos 22 millones de hogares, han optado por la TUR- la repercusión de la medida será muy similar, aunque tendrá en cuenta «las particularidades propias de esta modalidad», según explicó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en un comunicado. En estos casos, no existe una tarifa integrada, única, sino que se delimitan sus dos componentes: los peajes, con los que se cubren los costes de transporte y distribución, y el propio importe de la energía.

Con esta decisión el Ejecutivo pretende atender a la que es una de las principales consignas del titular de Industria, José Manuel Soria: que, frente a los consecutivos y abultados incrementos de precio, los costes de la factura se conviertan, progresivamente, «en un reflejo del mercado». Esta norma se ha marcado como propósito, según apuntó en la nota, que «el consumidor pague solo por lo que consume». Otra propuesta que parece estar encaminada a cumplir con esta finalidad es la que permitirá a los usuarios aportar la lectura de su contador, aunque solo podrá emplearse «en el caso de imposible lectura por parte del distribuidor», puntualizó Industria.

Soria ha planteado además en las últimas semanas la idea de «sancionar» el derroche en el consumo eléctrico con un nuevo peaje progresivo que impone recargos de hasta el 700% en la factura mensual en función del consumo. Ayer, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en su informe sobre el borrador de orden ministerial de peajes eléctricos, reclamó al Ejecutivo que retire ese proyecto al entender que haría la factura aún más compleja, no está justificada económicamente y podría no ajustarse a las directivas europeas, ya que ese recargo se aplicaría sobre el total de energía consumida y no sobre el exceso de energía sobre el tramo contratado.

El regulador estima que la medida, con la que Industria planeaba recaudar 280 millones de euros, supondría para algunos consumidores, como los de tarifas con discriminación horaria, un encarecimiento del 54% en el coste de la energía incluido en los peajes, que hoy supone entre el 60% y el 70% de la parte regulada de la factura.

Nueva ley de «telecos»

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a otra de las normas de competencia de Soria: el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, con la que pretende actualizar la normativa vigente, de 2003, e incentivar la inversión de los teleoperadores en el despliegue de las nuevas redes y favorecer la competencia.

La norma contempla, entre otras medidas, eliminar licencias y cargas administrativas y restablecer la unidad de mercado en materia de telecomunicaciones coordinando las normas estatales y autonómicas. De igual modo, se tratará de evitar la competencia desleal que según el sector supone el despliegue de redes públicas por algunos ayuntamientos.

El Gobierno defiende que la norma beneficiará al usuario con una cobertura mejor, un aumento de la velocidad de conexión a Internet, una reducción de tarifas y una mayor protección frente a las compañías.

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