Solo los desalojados desde 2008 podrán acceder a alquileres del fondo social

El Fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades de crédito de entre las que no hayan aportado a la Sareb (la sociedad que aglutinará los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca) que deberán estar "en condiciones adecuadas de habitabilidad", ha comentado De Guindos. Acotar las viviendas a aquellas que no se transfieran a la Sareb implica que pasarán al parque del FSV aquellas con un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra, según ha explicado el ministro.

El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y el contrato tendrá una duración de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados.

Además de haber sufrido un desalojo de la vivienda habitual por una entidad adscrita al FSV a partir de 2008, año en el que comenzó la crisis, para acceder a un alquiler del FSV habrá que cumplir alguno de los criterios de vulnerabilidad fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios dos años. Esa norma acota los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y algunos supuestos de violencia de género.

También tendrán derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

Luis de Guindos ha explicado en su intervención en la Cámara Alta que en el diseño del FSV, que ha dado prácticamente por terminado, han participado representantes de los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, de la Asociación Española de la Banca (AEB), la CECA, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria Española y la FEMP.

El Fondo se articulará mediante la firma de un convenio entre las autoridades públicas implicadas y entidades financieras, que se adherirán al mismo de forma voluntaria, aunque una vez que lo hagan deberán cumplir obligatoriamente lo estipulado en el mismo. Una vez firmado el convenio, cada entidad constituirá su fondo de vivienda y ofrecerán información sobre el mismo a potenciales beneficiarios, entidades locales colaboradoras y a la comisión de coordinación y seguimiento.

Este órgano de nueva creación estará formado por representantes de los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, del Banco de España, la FEMP, las entidades financieras adheridas al Fondo y algunas ONG. Los bancos deberán remitirle información y se reunirá a instancias de cualquiera de sus integrantes cada tres meses con el objetivo de recibir incidencias, datos y conocer la evolución del FSV.

De Guindos ha indicado que el Gobierno ha considerado "conveniente" contar con la colaboración de las organizaciones sociales que conocen de primera mano las necesidades de las familias, como ayuntamientos y ONG. De esta forma, los ayuntamientos que se sumen al Fondo tendrán un papel "preeminente" en la selección de las familias beneficiaras, mientras que las organizaciones sociales realizarán tareas de información para facilitar el acceso a las viviendas.

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado 25 de octubre contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia con 175 votos en contra y 141 favorables.