El Fogasa ha gastado en prestaciones hasta octubre casi todo su presupuesto de 2012

El gasto del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) en prestaciones se situó en 1.240,7 millones de euros en los diez primeros meses del año, lo que supone un 2,1% menos que en el mismo periodo de 2011, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. No obstante, el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, ha consumido algo más del 99% de su presupuesto inicial para 2012, que rondaba los 1.250 millones de euros.

Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de octubre un suplemento de crédito en el presupuesto del Fogasa por importe de 300 millones de euros, financiados con cargo al remanente de tesorería del propio organismo, destinado a atender el pago de prestaciones.

Del gasto total hasta octubre, 408 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 6,2% menos que en el mismo periodo de 2011, mientras que 832,6 millones se dedicaron al abono de indemnizaciones, prácticamente la misma cantidad que en 2011. Hasta octubre, el Fogasa abonó 472 millones de euros, un 8,1% menos, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.

Por su parte, el organismo dedicó algo más de 499 millones, un 1,9% menos que hasta octubre de 2011, a prestaciones derivadas de procedimientos concursales (salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales). Asimismo, destinó 269,4 millones de euros, un 9,9% más, a pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa y para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa.

Un total de 209.570 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa en los diez primeros meses del año, un 0,85% menos, en tanto que las empresas afectadas por los expedientes resueltos por el organismo fueron 96.073, un 1,9% más .

Cataluña fue la comunidad autónoma en la que mayores pagos se efectuaron, con 292,5 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana (154,1 millones), Andalucía (145,1 millones), Madrid (123,5 millones) y País Vasco (98,1 millones). A continuación se situaron Castilla y León (70,9 millones), Galicia (63,5 millones), Castilla-La Mancha (57,8 millones), Aragón (44 millones), Murcia (40,5 millones), Canarias (32 millones), Asturias (29,8 millones), Baleares (20,8 millones), Navarra (20,5 millones), Cantabria (16,3 millones), Extremadura (15,7 millones), y La Rioja (13,2 millones).