Economía

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Una persona en edad de trabajar por cada jubilado o menor de 16 años

De mantenerse el actual ritmo demográfico, en 2052 habrá un trabajador cotizando (sin restar a los parados) por estudiante o mayor de 64 años

Día 22/11/2012 - 16.23h

La tasa de dependencia entre pensionistas y trabajadores en activo se elevará a ritmos insostenibles del 99% en 40 años. Si se mantienen las tendencias demográficas actuales, en España habrá en 2052 una persona en edad de trabajar por cada una en edad de jubilación o menor de 16 años, según datos publicados el pasado lunes por el INE.

El descenso de la natalidad, el saldo migratorio negativo (salen más españoles en comparación con los extranjeros que entran) y a su vez, la progresiva disminución de mujeres en edad fértil propician un menor número de nacimientos y un decrecimiento de la población en nuestro país.

Este progresivo deterioro del número de habitantes en territorio español conlleva a su vez un cambio en la pirámide generacional: cuatro de cada diez habitantes serán mayores de 64 años en 2052. Una futura realidad que pone en peligro grave el sistema de pensiones por jubilación en nuestro país.

A este problema demográfico se suma el actual del paro. Con una tasa superior al 25%, la caída de la aportación a las arcas de la Seguridad Social es más que evidente. Por lo tanto, no habrá que esperar 40 años para vislumbrar los problemas. Tal y como publicó ABC el pasado octubre, el sistema de pensiones cerrará este año con un agujero de 7.000 millones de euros. Mientras, las cotizaciones siguen cayendo y según datos de Empleo publicados este martes, la afiliación disminuyó en octubre en 26.961 ocupados.

Para amortiguar el impacto del problema, expertos en Economía como José Luis Martínez, estratega de Citi, abogan por acelerar la decisión de aplazar la edad de jubilación. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha dejado entrever una reforma en este área. Así, si José Luis Rodríguez Zapatero retrasó la edad de retiro a los 67 años para 2027, el Gobierno actual podría aplicarlo antes de esa fecha. En esta línea, el Ejecutivo popular ha propuesto también retrasar la edad para la jubilación anticipada voluntaria a los 65 años (desde los 63 actuales) y de los 61 a los 63 años cuando sea forzosa.

La propia Comisión Europea (CE) ha recomendado a España cambios en el sistema. En su última lista de consejos (vinculantes), la CE advertía que el retraso a los 67 y la ampliación en 10 años del periodo de cálculo del importees un «paso importante» pero no suficiente y pedían profundizar en nuevas medidas.

Otro de los puntos a modelar es la potenciación de los nacimientos, según el estratega de Citi. Conciliación entre la vida laboral y familiar, subvenciones a las guarderias, centros infantiles en el lugar de trabajo... Hace unos meses, aunque todavía no se ha concretado, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció que preparaba un plan de apoyo a la familia que incluía mejoras fiscales en hogares con hijos, la implantación de guarderías en las empresas y la racionalización de los horarios, entre otras.

Por último, para el analista de Citi sería fundamental recuperar la entrada de inmigrantes. La última decisión del Gobierno en esta línea, conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda, podría reactivar algo tanto el saldo migratorio como el mercado inmobiliario. No obstante, aquí la solución dependería de un problema con visos de difícil solución: volver a crear empleo

Otros economistas como J. Ignacio Conde-Ruiz, director de la cátedra de Inmigración de Fedea, es moderadamente optimista respecto al futuro. Conde-Ruiz considera que las previsiones están basadas en los últimos datos pero que las proyecciones cambiarán a medio plazo. Así, en las próximas dos décadas «nuestra economía necesitará más de tres millones de trabajadores para funcionar correctarmente», según Conde-Ruiz.

No obstante, el economista de Fedea considera que «las reformas siguen siendo necesarias» para garantizar la sostenibilidad del sistema. En su opinión, los primero que tendría que hacer el Gobierno actual es profundizar la reforma de las pensiones que comenzó en 2011 e implantar el llamado «factor de generosidad», una medida que adapta el gasto de la hucha de las pensiones a la realidad demográfica de cada momento

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