Caso Soule

Villar mantuvo la ley del silencio en la Federación con sueldos desorbitados

Los empleados cobraban por encima de mercado aunque no fueran muy productivos

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Sueldos desorbitados, simulación de despidos y una plantilla inflada en la que se premiaba la fidelidad por encima de la competencia profesional. Así logró mantener durante 29 años la ley del silencio Ángel María Villar en la Federación Española de Fútbol, según el informe elaborado por el Grupo de Investigación Financiera de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso ABC.

La Federación abonó de promedio en el periodo 2009-2015 unos emolumentos de casi 5,5 millones de euros a los 40 empleados contratados en las oficinas de Las Rozas. La trabajadora que menos cobraba, la directora del Museo de la Federación, tenía un sueldo de 79.110 euros, apenas 640 euros menos que lo que actualmente percibe el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (79.756 euros). Y a partir de ahí, las nóminas iban creciendo hasta los más de 331.000 para el administrador general, José María Castillón, antes de ser despedido el año pasado; los 371.000 de la directora de la selección, María José Claramunt, y los más de 461.000 del secretario general, Jorge Pérez, que ha terminado siendo el rival de Ángel María Villar en las elecciones celebradas la pasada primavera.

El promedio de las retribuciones de un empleado federativo, 136.511 euros, está muy por encima de lo que marca el mercado en la mayoría de los puestos. Por ejemplo, fuentes del sector indican que un director de Recursos Humanos viene a cobrar unos 75.000 euros anuales. Sin embargo, en la Federación la responsable de este área percibe 135.000. Otro tanto ocurre con el director del Departamento de Infraestructuras y Tecnología. Un cargo similar en una empresa cualquiera cobraría como mucho 100.000 euros anuales. Sin embargo, en la Federación vivían completamente fuera de mercado, pues el salario de Ángel de Pedro era de más del doble, en concreto de 217.361 euros.

De Pedro, hermano de la secretaria personal de Villar, era uno de los más criticados por su supuesta baja productividad. Así al menos lo opinaban varios de los investigados en las conversaciones grabadas por la UCO, como la que se produce el 31 de mayo entre Gorka Villar, hijo del presidente, y Esther Gascón, en la que aquél, quejándose de la incompetencia de Ángel de Pedro, le dice a Gascón que «ese tío» no puede estar «ni un minuto más» en la RFEF, y ella asiente apostillando que además es uno de los que más cobra.

Esta es solo una de las múltiples conversaciones incluidas en el sumario que instruye el juez Pedraz indiciarias de que tanto el presidente de la RFEF como sus más directos colaboradores eran conocedores del alto gasto en personal y de su «incompetencia». «De alguna incluso se deduce que él mismo -asegura la UCO refiriéndose a Villar- ha promovido u otorgado altos salarios a determinados cargos directivos» con el fin de mantener la ley del silencio. Los investigadores de la Guardia Civil señalan como muy reveladora la conversación que Villar mantiene con un colaborador en la que asegura que él ha «hecho rico» a su anterior secretario, Jorge Pérez, y le tilda de «vago». «Se confirma que el investigado utiliza el patrimonio de la RFEF para pagar altos sueldos aún creyendo que el destinatario de las retribuciones no los merece», afirma el informe de la UCO.

Los investigadores ponen el caso de Esther Gascón -que fue indemnizada con 300.000 euros tras un despido simulado como directora general y vuelta a contratar en su nuevo puesto de secretaria general- como ejemplo del modo en que Villar «ha utilizado el patrimonio que administra para retribuir a algunas personas por mor de su amistad o conveniencia, sin ajustarse a sistemas de retribución laboral o a criterios objetivos orientados a la valoración del esfuerzo, conocimientos y capacidad». Según la UCO, el presidente de la Federación «es perfectamente conocedor de la problemática laboral», pues incluso «su propio hijo Gorka, en quien tiene plena confianza, le reprocha que tenga contratados a empleados con poca aptitud y altos salarios».

Máxima opacidad

Para la Guardia Civil, es especialmente grave que estas pruebas de amiguismo e incluso caciquismo se produzcan en una entidad de utilidad pública que recibe ayudas estatales y cuyos responsables están obligados a velar por el patrimonio de la Federación. Más bien al contrario, detectan «falta de transparencia y de criterios formales para determinar las cuantías de la retribución variable de los empleados, e inexistencia de contratos con el personal de alta dirección». En su opinión, «esta opacidad pudiera perseguir el desconocimiento de la situación analizada». Es decir, se buscaba tener contentos a los empleados para que no abrieran la boca y se tapasen las tropelías de los Villar. Una ley del silencio que funcionó durante 29 años. Hasta que la Guardia Civil, por orden de Pedraz, entró en Las Rozas.