El fútbol español ante la Justicia, otros escándalos presidenciales

El de Rosell ha sido el último de un largo ramillete de escándalos que ha visto a diferentes presidentes de equipos de fútbol español obligados a responder ante la Justicia. En algunos casos fue por su gestión en el club, en otros por intereses privados. También esos escándalos estallaron durante su mandato, como el caso del ex presidente del Barça, y otros al dejar sus cargos. Pero el común denominador es el golpe institucional que provocan en los equipos.

El caso más reciente es el de José María del Nido , que presentó su dimisión como presidente del Sevilla, después de que el Tribunal Supremo confirmase la condena de siete años de cárcel por delitos continuados de malversación y prevaricación por el cobro de honorarios irregulares al Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003.

No hay que moverse de Sevilla para encontrar otro escándalo reciente. «Una fuente inagotable de negocio» para su propio beneficio. Así es como entendía el Betis, Manuel Ruiz de Lopera según la juez Alaya, que investiga un delito societario y de apropiación indebida. La magistrada entiende que Lopera utilizó el Betis para lucrarse a través de sus empresas, Encadesa y Tegasa, ya que a éstas se les cedió entre otras cosas el derecho de patrocinio de los futbolistas y sus derechos de imagen. Alaya entiende que estó minoró el patrimonio del Real Betis en cerca de 25 millones de euros a lo largo de las catorce temporadas que Lopera presidió el club. Simplificando, la juez investiga el enriquecimiento personal de Lopera a través de sus sociedades, que se nutrían re recursos procedentes del Betis.

Parece obligado en este repaso incorporar el nombre de Jesús Gil. A lo largo de su vida pasó tres veces por prisión. Llegó a tener hasta seis causas abiertas con la Justicia. Las que afectaron directamente al fútbol y a su gestión como presidente del Atlético de Madrid fueron dos. Por un lado el «caso camisetas», por el que fue condenado a seis meses de arresto y 28 de inhabilitación como cargo público por el desvío de 450 millones de pesetas (270.000 euros) desde el Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid. Además, la Justicia consideró probado que cuando concurrió a las elecciones municipales en 1991 «sin contar con autorización del Ayuntamiento ni con sus órganos rectores» puso en las camisetas la publicidad de Marbella con lo que, como dicta la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, «así lograba obtener una propaganda electoral de cara a los ciudadanos.

El Tribunal Supremo (TS) confirmó la condena, lo que obligó a Gil a presentar su dimisión como alcalde de Marbella en abril de 2002. Poco más de un año después, dimitió también como presidente del Atlético de Madrid, cargo que ocupaba desde 1987. El fiscal del caso solicitó la nulidad de los contratos con el Atlético de Madrid, y que el propio club, como responsable subsidiario, repusiese las cantidades que recibiese del Ayuntamiento marbellí.

El segundo caso fue el conocido como «caso Atlético», que investigó irregularidades en la transformación del club en Sociedad Anónima. En 2003, la Audiencia Nacional condenóa a Jesús Gil a tres años y seis meses de prisión por delitos de apropiación indebida y estafa. También fue condenado su hijo, Miguel Ángel Gil Marín, a un año y seis meses de prisión por delitos de apropiación indebida y estafa.

El caso más reciente que afectó al Real Madrid fue la dimisión el 16 de enero de 2009 por un caso de fraude en la asamblea de compromisarios celebrada en diciembre de 2008, y en la que al parecer varios de sus colaboradores se hicieron pasar por compromisarios para votar a favor de sus propuestas. Ramón Calderón también se vio implicado en una acusación de fraude por voto por correo en las elecciones de 2006 en la que accedió a la presidencia, aunque la Audiencia Provincial archivó la causa.

A todos estos escándalos hay que sumar las sospechas de amaños de partidos que cayeron sobre Levante, la mala situación financiera del Valencia, derivada de las decisiones de sus responsables por la especulación durante la burbuja inmobiliaria. A ello también hay que añadir los 752 millones de euros de los equipos de fútbol con Hacienda y el expediente abierto recientemente a siete equipos de fútbol por parte de la Comisión Europea por presuntas ayudas ilegales , para contemplar un panorama en el que el fútbol español vive expuesto a la Justicia, con opacidad en sus cuentas y bajo la sombra de una administración y una gestión irregular.