Plaza de toros de Palma de Mallorca, conocida popularmente como Coliseo balear.
Plaza de toros de Palma de Mallorca, conocida popularmente como Coliseo balear. - EFE

El Gobierno anuncia que recurrirá ante el Constitucional la ley de toros «a la balear»

La nueva norma autonómica, aprobada en julio de este año, no prohíbe los festejos taurinos, si bien establece que no se puede maltratar, herir o matar a las reses

Palma de MallorcaActualizado:

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros ha acordado que el Ejecutivo presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra «determinados preceptos» de la ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Islas Baleares, coloquialmente conocida como la ley de toros «a la balear». Méndez de Vigo ha explicado que dichos preceptos serían contrarios a la normativa estatal y ha añadido que, además, habrá una «petición de suspensión cautelar de esta ley autonómica». La citada ley, aprobada el pasado mes de julio por el Parlamento balear, no prohíbe expresamente las corridas de toros en el Archipiélago, si bien establece que no se puede maltratar, herir o matar a las reses.

El propósito implícito de la ley promovida en su momento por el PSOE, MÉS —por Mallorca y por Menorca— y Podemos es, esencialmente, desnaturalizar el sentido de la Fiesta, con el objetivo de que en la práctica los aficionados acaben desistiendo de ir a presenciar un espectáculo en los restrictivos términos fijados el pasado verano por la Cámara autonómica.

Cabe recordar que el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, había comunicado ya en julio a la consejera de Cultura del Ejecutivo balear, Fanny Tur, que el Gobierno presentaría un recurso ante el Constitucional contra la nueva ley de toros «a la balear». Benzo le recordó a Tur que hace cuatro años las Cortes Generales aprobaron la ley que regulaba la Tauromaquia como patrimonio de todos los españoles. Asimismo, le explicó que en 2016 el Constitucional confirmó en una sentencia que «es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural».

El controvertido modelo de toros «sin sangre» aprobado en Baleares fija, como se ha señalado ya, diversas limitaciones, entre ellas que sólo se podrán torear un máximo de tres reses por festejo y por un periodo de tiempo no superior a los diez minutos. Además, no se podrá vender alcohol y estará prohibida la entrada a las plazas de los menores de 18 años. Asimismo, se hará un control «antidopaje» de los toros y de los diestros «antes y después del espectáculo». En cuanto a las sanciones, pueden alcanzar los 100.000 euros en los casos más graves.

El PSOE, MÉS y Podemos empezaron a abogar claramente por la supresión de las corridas de toros en las Islas tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Los resultados de aquellos comicios, con la pérdida de la mayoría absoluta que ostentaba el PP, posibilitaron que las mencionadas formaciones alcanzasen un acuerdo de gobernabilidad y que la socialista Francina Armengol accediera a la presidencia de la Comunidad, en sustitución del popular José Ramón Bauzá.

Al inicio de la actual legislatura, el Parlamento regional comenzó a tramitar una reforma de la Ley de Bienestar Animal, que había aprobado el PP en 1992, con el objetivo último de llegar a prohibir los festejos taurinos en el Archipiélago. Esa incipiente iniciativa legislativa fue abandonada tras conocerse en octubre del pasado año el dictamen del Tribunal Constitucional contrario a la prohibición de los toros en Cataluña. Fue en ese momento cuando el PSOE, MÉS y Podemos decidieron empezar a redactar una ley completamente nueva, que es la que fue aprobada en julio —con la oposición del PP y Ciudadanos— y entró ya en vigor un mes después.