Cayetano, el pasado verano en Palma de Mallorca
Cayetano, el pasado verano en Palma de Mallorca - Ángel de Antonio

El Constitucional suspende la ley de las corridas a la balear que prohíbe la muerte del toro

El TC deberá ratificar o levantar esta suspensión en un plazo no superior a cinco meses

PALMA DE MALLORCAActualizado:

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido suspender cautelarmente varios preceptos de la ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Islas Baleares, coloquialmente conocida como la ley de toros «a la balear». Dicha norma, aprobada el pasado mes de julio por el Parlamento regional, no prohíbe expresamente las corridas de toros en el Archipiélago, si bien establece que no se puede maltratar, herir o matar a las reses.

El órgano de garantías ha admitido a trámite, a través de un auto, el recurso presentado hace un mes por el Gobierno central. El citado auto del TC fue dictado el pasado 28 de noviembre, si bien ha trascendido este lunes. Cabe recordar que el pasado 10 de noviembre el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunció que el Consejo de Ministros había acordado que el Ejecutivo presentase un recurso contra «determinados preceptos» de la ley de toros «a la balear». Méndez de Vigo explicó que dichos preceptos serían contrarios a la normativa estatal y añadió que, por tanto, el Gobierno central pediría la «suspensión cautelar de esta ley autonómica». El Constitucional deberá ahora ratificar o levantar la suspensión cautelar en un plazo máximo de cinco meses.

Según recoge Europa Press, el citado auto deja en suspenso la obligación de que todas las reses que se toreen en las plazas de Mallorca tengan un mínimo de cuatro años cumplidos y en cualquier caso menos de seis. Asimismo, se estudiará si se ajusta o no a la ley el establecimiento de pesos mínimos para los toros y la obligación de que haya una báscula de pesaje en todas las plazas, independientemente de la categoría del coso de que se trate.

El Alto Tribunal también ha suspendido el artículo que establece que el presidente de la plaza tendrá la potestad de parar un festejo si no se cumplen los requisitos que ahora han sido impugnados. Otros preceptos puestos en cuestión son el que fija un reconocimiento veterinario de los toros una vez acabado el espectáculo, el que prohíbe la presencia de caballos en los ruedos o el que determina que sólo se podrán torear un máximo de tres reses por festejo y por un periodo de tiempo no superior a los diez minutos.

Por ahora queda igualmente suspendida la prohibición de utilizar objetos punzantes, como banderillas, picas o estoques. Además, deja de estar también vigente el requisito de que los animales que tengan que ser toreados deban llegar a las plazas con un mínimo de 48 horas de antelación.

El controvertido modelo de toros «sin sangre» fija otras prohibiciones. Así, por ejemplo, no se podrá vender alcohol y estará prohibida la entrada a las plazas de los menores de 18 años. Asimismo, se hará un control «antidopaje» de los toros y de los diestros «antes y después del espectáculo». En cuanto a las sanciones, pueden alcanzar los 100.000 euros en los casos más graves.

El propósito implícito de la ley promovida en su momento por el PSOE, MÉS —por Mallorca y por Menorca— y Podemos es, esencialmente, desnaturalizar el sentido de la Fiesta, con el objetivo de que en la práctica los aficionados acaben desistiendo de ir a presenciar un espectáculo en los restrictivos términos fijados el pasado verano por la Cámara autonómica.

El PSOE, MÉS y Podemos empezaron a abogar claramente por la supresión de las corridas de toros en las Islas tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Los resultados de aquellos comicios, con la pérdida de la mayoría absoluta que ostentaba el PP, posibilitaron que las mencionadas formaciones alcanzasen un acuerdo de gobernabilidad y que la socialista Francina Armengol accediera a la presidencia de la Comunidad, en sustitución del popular José Ramón Bauzá.

Al inicio de la actual legislatura, el Parlamento regional comenzó a tramitar una reforma de la Ley de Bienestar Animal, que había aprobado el PP en 1992, con el objetivo último de llegar a prohibir los festejos taurinos en el Archipiélago. Esa incipiente iniciativa legislativa fue abandonada tras conocerse en octubre del pasado año el dictamen del Tribunal Constitucional contrario a la prohibición de los toros en Cataluña. Fue en ese momento cuando el PSOE, MÉS y Podemos decidieron empezar a redactar una ley completamente nueva, que es la que fue aprobada en julio —con la oposición del PP y Ciudadanos— y entró ya en vigor un mes después.