La herida abierta del expolio artístico nazi en Austria

El debate recobró fuerza este mes con la negativa a devolver el Friso de Beethoven, un mural de Gustav Klimt, robado y devuelto luego a la familia propietaria y comprado por el Estado en 1972 en una operación que los herederos denuncian fue forzada. En ese asunto, como en todo lo que tiene que ver con su pasado nazi (1938-45), la actitud del Estado austríaco estuvo marcada durante años por la tesis de que no fue un colaborador sino la «primera víctima» de Adolf Hitler.

Una interpretación de la Historia cuestionable, pero reconocida en el derecho internacional, y que no comenzó a cambiar hasta mediados de la década de los años 1980. Y en el arte, el cambio vino forzado desde afuera.

A finales de 1997, la Justicia estadounidense confiscó dos obras de Egon Schiele, propiedad del Museo Leopold de Viena, que formaban parte de una exposición en el MOMA, bajo la sospecha de que habían sido robadas por los nazis. La batalla legal por una de las piezas, «Retrato de Wally», sólo se resolvió en 2010 cuando el Leopold, una entidad privada, pagó 14,8 millones de euros para recuperar el cuadro.

El Gobierno austríaco se apresuró a aprobar en 1998 una norma que obligaba a los museos públicos a investigar sus fondos para detectar piezas robadas, generalmente a familias judías. «Austria realmente ha hecho muchas cosas mal hasta la década de los años 1990. Hubo muchas negligencias. En todo lo que respecta a restituciones e indemnizaciones no había buenas condiciones previas», opina Eva Blimlinger, rectora de la Facultad de Bellas Artes de Viena. «Pero de la ley de restitución del arte de 1998 se puede decir que tiene un carácter modélico», asevera en declaraciones a Efe.

Blimlinger coordina la Comisión de Investigación de la Procedencia, creada con la ley de 1998 para analizar sistemáticamente la «limpieza» de las colecciones públicas. Esa norma acabó con la indiferencia que Austria mostró durante décadas sobre el asunto de la restitución, cuando las leyes dejaban en las víctimas toda la responsabilidad de buscar los bienes robados. La Comisión actúa de oficio y tras analizar cada caso, formula al Ministerio una recomendación no vinculante, pero que siempre se cumple, sobre si procede o no, como en el Friso, la restitución.

En sus 17 años de vida ha recomendado la devolución de miles de objetos, entre ellos cuadros, libros, fotografías, muebles, sellos, cartas, porcelanas, vehículos y hasta animales disecados. Aunque los expedientes que afectan a obras de arte muy conocidas son los más llamativos, Blimlinger asegura que el hecho de que un museo público pueda perder un tesoro artístico no afecta su trabajo. «Lo primero es la responsabilidad de devolverle a los dueños lo que les pertenece, así sea la catedral de San Esteban», asegura. De hecho, niega que la Comisión sufra presiones políticas: «Si así fuera, saldría inmediatamente» de la misma.

Sophie Lillie, por su parte, una de las mayores expertas en arte robado por los nazis, asegura que Austria ha hecho «un trabajo muy importante pero aún hay cosas por hacer». Explica que más que un bloqueo consciente o malintencionado de las restituciones, la actitud austríaca fue durante décadas la de «no hacer nada» y ser lo que llama «activamente pasivos».

Pese a reconocer que la ley de 1998 ha mejorado la situación, Lillie advierte de que está lejos de ser perfecta como, a su juicio, demuestra el caso del Friso de Beethoven. «Creo con toda seguridad que el Friso debería haberse restituido», opina sobre un caso en el que la Comisión decidió por unanimidad que no hubo relación entre el veto a sacar la obra del país tras su restitución en 1945 y su venta al Estado en 1972 por un precio inferior al del mercado.

El principal problema -afirma la experta- es que las decisiones de la Comisión no son apelables ni se puede acudir a la Justicia común. «Es una ley de autorización, lo que significa que el Ministerio puede devolver propiedades de las colecciones estatales, pero yo, como afectado, no tengo ninguna opción de opinar», explica. Además, Lillie denuncia que se trata de un «proceso que tiene lugar a puerta cerrada» mientras que su opinión, Austria es «juez y parte» a la hora de decidir sobre si se restituye o no una pieza. Por eso, la experta asegura que aún hay asignaturas pendientes, como las colecciones privadas como la del Museo Leopold, que no caen bajo la jurisdicción de la ley al no ser de propiedad pública.

Ese museo expone la colección particular de su fundador, Rudolf Leopold, al que muchos expertos acusan de haber adquirido piezas sin preocuparse de su origen. Hasta la fecha, el Museo Leopold ha declinado restituir ninguna obra y ha optado siempre por llegar a un acuerdo financiero con los dueños originales de las piezas.