La trama del fraude de la música en las TV quería derrocar hoy al presidente de SGAE

La entidad celebra su Asamblea en Madrid, marcada por los abusos de «la rueda de las televisiones» en los derechos de autor

Actualizado:

La trama fraudulenta que investiga la la UDEV de la Policía Nacional bajo el mandato del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno había llegado demasiado lejos, tal y como se desprende de uno de los autos emitidos por el Juzgado, al que ha tenido acceso ABC. La llamada «rueda de las televisiones» no solo es un fraude que tiene como víctimas a los 120.000 socios de la SGAE, que se quedaron sin posibilidades matemáticas de ver sus obras emitidas por las cadenas televisivas, a pesar de formar parte del catálogo por el que la SGAE cobra.

La organización estaba pensada para perdurar en el tiempo y ganar influencia y poder en la entidad, y estaban a punto de efectuar un asalto. Los organizadores y beneficiarios de la trama tenían, además de intereses económicos demostrables (más de 100 millones según el juez Moreno), fines políticos muy claros. Los ahora principales investigados veían con muy malos ojos la inminente pérdida de influencia a la que les condenará un arbitraje internacional que los editores obligaron a encargar al presidente José Miguel Fernández Sastrón a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo laudo llegará la semana que viene y debe imponer un equilibrio en la recaudación televisiva por franjas horarias.

La SGAE celebra hoy una asamblea general en Madrid en la que la trama estaba conspirando para impugnar las cuentas y hacer caer a Sastrón, según el auto. Una de las investigadas y, presuntamente, la persona que dirigía la actuación de algunos de los principales miembros de «La rueda» es Nuria Rodríguez, la encargada de contrataciones de música del grupo Atresmedia. El juez afirma que es un referente para diferentes editoriales y miembros del colegio de Pequeño Derecho, el más numeroso de la SGAE. Allí ha cobrado tanta influencia que hay personas en el seno de la Junta Directiva de la entidad «nombrados gracias a su propuesta».

Frente de expulsión

Ante la asamblea que se celebra hoy, «ha formalizado reuniones con la intención de hacer un frente común» para diversos temas, «incluso planteando provocar la expulsión del presidente de la SGAE por no beneficiar más sus intereses ayudándose de los votos que obtienen las personas a las que beneficia». Las escuchas telefónicas no dejan dudas. «Nuria está llevando la voz cantante» con el fin de «recopilar todos los votos posibles con delegación de firma en blanco» para impugnar la Asamblea. Entre los miembros de la Junta Directiva más estrechamente relacionados con ella, el auto destaca a Fernando Illán y Alberto Moraga, a quienes «parece beneficiar en las emisiones». La obtención de una mayoría en la Junta, según el auto, otorga a la trama «capacidad de imponer acuerdos abusivos para perpetuar sus intereses con evidente ánimo de lucro».

Fuentes de la entidad añaden que todo el colegio de Pequeño Derecho, a excepción de tres miembros ya tiene diversos grados de intereses en «la rueda», bien como beneficiarios, bien como organizadores. Nuria Ramírez mantuvo vinculación con varias sociedades mercantiles de los otros investigados, como Manuel Carrasco. Y tiene responsabilidades en empresas vinculadas con su cargo de responsable de contratación musical para Antena 3, La Sexta, NOVA y NEOX, como «La Sexta editorial SLU» o «Vértice 360 grados SL», entre otras.

El auto del juez Ismael Moreno es prolijo en detalles sobre las actividades de los demás investigados. Sobre todo Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez, a quienes se les achaca un entramado de empresas y cuentas con las que plagiaban muchas obras y gestionaban los derechos generados. A ambos se les acusa de dirigir la parte principal de la trama «de forma organizada y coordinada a lo largo de los últimos 8 años y con la finalidad de enriquecerse ilícitamente», mediante un entramado de empresas. Mantenían connivencia con los responsables de contratación de varias televisiones que «más allá de la cesión de derechos mencionada parecen recibir pagos en metálico». La Policía fue testigo de uno de esos presuntos pagos, de 10.000 euros, en diciembre de 2016, en el centro comercial Plaza Norte, según relata el juez. Usaban testaferros, a menudo convirtiendo en autores a sus familiares. La mujer de Bermúdez pasó de tener una obra antes de 2005 a 644 obras registradas que recaudaron más de 3.209.272,45 euros.

También destaca el papel de Rafael Tena, hermano y albacea del desaparecido cantante Manolo Tena, investigado por fraude fiscal cuyo campo de acción era presuntamente el de las televisiones de «Castilla la Mancha, Castilla y León, Canarias, la ETB vasca, Antena 3, Mediaset y TV Gallega», según el auto. Para diversificar su inversión fundó en 2013 una clínica de cirugía plástica «con el objeto de invertir grandes sumas de dinero en un circuito legal desvinculado de la música».

Antonio Blanco (con especial mano en Telecinco y Telemadrid durante esos años), era muy «activo en las modificaciones de obras y el reparto de autorías». Carlos Salazar (encargado de contratación en Canal Sur), Francisco Javier Valero (en Telemadrid) también formaban, a los ojos del juez, una parte importante de la trama. Los delitos que se les achacan son organización criminal, corrupción de los negocios y estafa. El papel de algunos en la SGAE, según aporta el juez en el auto, es de administración desleal.