Don Felipe recibe el saludo de Manuel Pizarro, en la Real Academia de Jurisprudencia
Don Felipe recibe el saludo de Manuel Pizarro, en la Real Academia de Jurisprudencia - SANTIAGO BORJA /CASA DEL REY

Pizarro reivindica el Derecho como garantía de libertad y agradece al Rey su respuesta al desafío separatista

El Rey presidió la apertura del curso de las diez Reales Academias

El presidente de la de Jurisprudencia recibió al «primer Monarca jurista»

MadridActualizado:

El desafío separatista, el totalitarismo, la corrupción, la posverdad, la brecha económica y la desconfianza de algunos sectores en la democracia marcaron ayer la apertura del curso de las diez Reales Academias que constituyen el Instituto de España. Una cita que el Rey ha presidido este año con cierto retraso, precisamente por los acontecimientos políticos que se han vivido en España y que le obligaron a despejar su agenda de actos oficiales durante algunas semanas. «Quiero agradecer la comprensión de todos por este retraso», afirmó Don Felipe.

En esta ocasión, la ceremonia se celebró en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, cuyo presidente, José Antonio Escudero, dio la bienvenida al «primer Monarca jurista» en esta «casa del Derecho».

El acto acogió un reconocimiento al Rey «por su firme determinación en la defensa de las instituciones ante la crisis desatada en Cataluña» y un homenaje a la Corona como institución-refugio «especialmente beneficiosa en tiempos de crisis». Pero también fue una reivindicación del Estado de Derecho como garantía de la libertad y fuente de progreso y bienestar social. Así lo defendió el académico Manuel Pizarro, que pronunció la conferencia magistral, titulada «Algunas reflexiones sobre el Estado de Derecho».

El académico recordó dos frases históricas: «Somos siervos de la ley con el fin de poder ser libres», pronunciada por Cicerón hace más de dos mil años. Y «donde no hay ley, no hay libertad», sentenciada por Locke en el Siglo de las Luces. Y añadió que consideraba oportuno recordar hoy estas palabras, «cuando acecha el viejo pensamiento jurídico totalitario que pretende convertir la legalidad en un obstáculo para la libertad, y llama a concuncarla y socavarla». Sin citarlo, aludía al golpe separatista catalán.

En este sentido, advirtió que sin un marco jurídico e institucional adecuado y respetado «no hay libertad y no hay progreso» y que «el Derecho constituye el elemento de estabilidad por excelencia de las relaciones sociales», pues incorpora «las garantías, los procedimientos y el entramado de reglas que hacen posible la convivencia».

Calidad de las instituciones

Para el académico, el Estado de Derecho consiste en «que gobierne la ley como prescripción objetiva frente al gobierno de la voluntad arbitraria o caprichosa de los hombres». Y para afianzar el Estado de Derecho, dijo, es clave la calidad de las instituciones que conforman su armazón: la Jefatura del Estado, los tres poderes clásicos y sus correspondientes contrapesos.

Al hablar de la Jefatura del Estado, Pizarro recordó las palabras que pronunció el Rey en el discurso de proclamación, en las que subrayó la necesidad de que la ejemplaridad presida la vida pública. Y fue en este momento de su intervención cuando Pizarro se dirigió al Monarca: «Muchas gracias, Señor, por su firme determinación en la defensa de las instituciones ante la crisis desatada en Cataluña, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya casi cuarenta años». Las palabras del académico fueron interrumpidas por el aplauso de los académicos y demas asistentes al acto.

Del poder legislativo, afirmó que, si una legislación se queda obsoleta, «se puede modificar, pero sin atajos y de acuerdo siempre con los procedimientos establecidos». Insistió en que «las leyes obligan a todos», advirtió contra «el desmedido incremento de normas legales» y aseguró que la herramienta democrática más eficaz son «leyes que sean lo más concisas y claras posibles, iguales para todos».

Sobre el poder ejecutivo aseguró que «el buen gobierno es el primero en defender el orden constitucional, tarea que es un imperativo jurídico y moral», y advirtió contra la corrupción, «el mayor obstáculo al desarrollo económico y social». «Si tribunales, fiscales, cuerpos de policía, inspectores tributarios, agencias reguladoras y servicios de inteligencia no cumplen sus obligaciones de árbitros neutrales y servidores del Estado, se presenta una oportunidad de oro a quienes hacen de la corrupción y del abuso de poder un estilo de vida».

Respecto al poder judicial, aseveró que «no hay sociedades libres ni progreso sin Justicia» y reclamó que se dote «a la Justicia de los medios materiales y tecnológicos necesarios». Pero, según Pizarro, también la sociedad civil debe velar por el Estado de Derecho, «aunque muchas veces sus actividades incomoden al poder».

Un mundo de posverdad

El conferenciante también aludió a la revolución que ha supuesto internet y alertó de que «el uso intensivo y a veces codicioso y partidista, de las tecnologías puede conducirnos a una sobrecarga de información emocional y manipulada, y con ello a un mundo de posverdad o posfactual en el que la realidad se tergiversa para adaptarla a visiones sesgadas o a una determinada ideología».

En este contexto, advirtió del reto de «hacer frente a la desestabilización de nuestro sistema desde dentro» y de «procesos que conllevan la deslealtad a las instituciones por parte de quienes tienen delegada su defensa». Por todo ello, llamó a evitar que «haya espacios exentos de la protección y garantía de libertad que el Estado de Derecho comporta». Y reclamó que «técnica, ética y Derecho caminen juntos de la mano».

También alertó sobre la desconfianza de algunos sectores de la sociedad «hacia los pilares de nuestra convivencia democrática» y citó a Giovanni Sartori: «El verdadero peligro que amenaza a una democracia que oficialmente ya no tiene enemigos está en reclamar “una verdadera democracia” que trasciende y repudia la ley».

Igualmente, Pizarro llamó la atención sobre la brecha económica, en la que los trabajadores menos cualificados son los grandes perjudicados. «Es una obligación moral y de solidaridad ayudar a quienes no se han podido incorporar a las oportunidades que ofrece el desarrollo de la economía española», manifestó.

Finalmente, el académico reconoció que «muchos ciudadanos no pueden identificarse del todo con un sistema social en transformación constante que les brinda escasa seguridad emocional» e instó a mantener «ciertas instituciones, valores y tradiciones nacionales que pueden tener efectos balsámicos». Entre estas instituciones-refugio, «especialmente beneficiosas en tiempos de crisis», citó a la Corona.