Piden 5 años de carcel para el presunto falsificador de las primeras palabras en euskera

El pasado enero , la Audiencia Provincial de Álava confirmó la existencia de indicios suficientes para juzgar a Gil y a dos personas más por la presunta falsificación.

Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que, cuando se presentaron en público, en junio de 2006, fueron calificados de históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo . Sin embargo, supuestamente fueron hechos por los acusados.

Ahora la Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral y ha presentado su escrito de acusación, hecho público hoy, en el que solicita para Gil un total de cinco años y medio de cárcel por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento privado, así como una multa de 7.200 euros.

La misma pena de cárcel y multa solicita para un segundo acusado, trabajador de Lurmen y para el tercer imputado, un colaborador de Gil, la Fiscalía pide dos años y seis meses de cárcel por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado.

El Ministerio Público reclama también que Gil y su trabajador indemnicen de forma conjunta y solidaria al Gobierno Vasco con 285.600 euros por los daños causados en el patrimonio cultural y que los tres acusados abonen a partes iguales a la Diputación de Álava, propietaria del yacimiento, 12.490 euros en concepto de responsabilidad civil.

En su escrito, el fiscal recuerda que Gil dirigía las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Iruña-Veleia , en Iruña de Oca (Álava), entre 1994 y 2008 y que entre los meses de junio de 2005 y junio de 2006 este y uno de los imputados causaron « desperfectos » en 476 piezas encontradas en el yacimiento con el objetivo de dotar a las mismas de un «pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenían».

Así rayaron la superficie de esas piezas «a los efectos de realizar sobre ellas las supuestas inscripciones excepcionales, deteriorando así de forma irreversible piezas tardo-romanas auténticas», remarca el fiscal.

Ante la sospecha de falta de autenticidad de los llamados « grafitos excepcionales » en enero de 2008 la Diputación alavesa -también personada en este proceso como acusación- creó una comisión científica asesora que determinó que no eran auténticos. Finalmente, la entidad foral presentó en marzo de 2009 la querella que ha dado origen a esta causa.

La Fiscalía recuerda que la dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco ha estimado los daños causados al patrimonio en 600 euros por cada una de las 476 piezas arqueológicas dañada, lo que supone un total de 285.600 euros.