Joan Tardà, en las puertas del Museo de Lérida
Joan Tardà, en las puertas del Museo de Lérida - Inés Baucells

El independentismo convierte el traslado de las obras de Sijena en munición electoral

La CUP habla de «botín de guerra» y Puigdemont denuncia un «expolio» cultural

BARCELONA/ZARAGOZAActualizado:

Casi dos décadas después de que Cataluña y Aragón empezasen a vérselas en los tribunales y alimentasen uno de los conflictos patrimoniales más enconados de los últimos tiempos, el tesoro de Sijena se convirtió ayer en atípica munición de una aún más atípica campaña electoral. Es más: las 44 piezas que salieron ayer del Museo de Lérida representaban hasta no hace mucho uno de los pocos puntos de encuentro entre todos los partidos catalanes. Ahí está, sin ir más lejos, la resolución que aprobó el Parlament en julio de 2016 con los votos de todos los grupos a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo, y en la que se instaba al Gobierno catalán a tomar todas las medidas para que las obras permaneciesen en Cataluña.

Una declaración de intenciones que quedó ayer en nada después de que el rico conjunto de sepulcros, relieves y cuadros medievales pusiese rumbo al Real Monasterio de Villanueva de Sijena y el bloque independentista culpase a los partidos constitucionalistas de haberse escudado en la aplicación del artículo 155 para perpetrar un «expolio» y una «humillación». Así, mientras que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, denunciaba en su cuenta de Twitter que se estaba aprovechando «un golpe de estado para expoliar Cataluña con absoluta impunidad», el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, calificó de «verdadera vergüenza» que el retorno de las piezas llegue en plena campaña electoral. «Que sirva de lección de lo que puede llegar a pasar si esta gente acaba gobernando el país», subrayó Tardà. Desde la CUP se llegó incluso a hablar de «botín de guerra» y de «administración golpista».

Recursos judiciales

Desde el Gobierno, sin embargo, se quiso hacer hincapié una vez más en la necesidad de cumplir las resoluciones judiciales y se destacó que el traslado se había realizado «correctamente y con profesionalidad». En este sentido, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, recordó que el Gobierno ha aceptado defender jurídicamente la posición de la Generalitat y es por eso que interpuso un recurso de casación en nombre del Gobierno catalán para «garantizar los derechos» de la administración catalana. El caso es que, a la espera de lo que pueda acabar resolviendo el Tribunal Supremo a partir del próximo mes de enero, tampoco el llamado bloque constitucionalista parecía ayer demasiado satisfecho con la ejecución provisional de la sentencia. Así lo expresó el líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, quien manifestó abiertamente que le hubiese gustado que las obras se hubiesen quedado en Lérida. «La decisión no nos gusta, pero la tenemos que aceptar como no puede ser de otra manera», señaló el candidato de los populares. Más contundente se mostró el líder del PSC, Miquel Iceta, para quien se tendría que haber esperado a que se acabaran de tramitar todos los recursos judiciales. «Esta decisión es precipitada», sopesó Iceta.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, afeó a la Generalitat que haya buscado el enfrentamiento en vez del acuerdo y abogó por promover «muchos más convenios de colaboración que pleitos». Asimismo, Arrimadas quiso restar vinculaciones políticas al traslado asegurando que las decisiones judiciales «no se deben ver afectadas por la realidad política». Para el candidato de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, muy crítico con el traslado, la solución pasaría por una «gestión compartida» del conjunto, mientras que la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, defendió la devolución aduciendo que los bienes «tendrían que estar donde deben estar» porque «estaban en Aragón».

Contra el Gobierno

En Aragón, el «caso Sijena» está siendo aprovechado por el PSOE para arremeter contra el Gobierno. El Ejecutivo que preside Javier Lambán incluso estudia presentar una querella contra el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, por no entregar voluntariamente las obras de arte tras el ultimátum que hace unos días dio el juez. Desde el PP reprochan a Lambán que exija ahora responsabilidades políticas contra el ministro, bajo cuyo mandato han regresado las piezas a Aragón, y sin embargo haya consentido sin querella alguna que los consejeros de Cultura persistieran en el desacato durante dos años.

El asunto también compromete a los propios socialistas. Fuentes próximas a Lambán no dudaban en expresar ayer el «evidente malestar» del presidente aragonés ante la actitud del PSC de Miquel Iceta. Éste ha criticado que se haya forzado la devolución de las piezas de Sijena a Aragón y sostiene que ha sido por una utilización política del artículo 155 de la Constitución. «Esto nada tiene que ver con el 155, sino con el cumplimiento de la ley, de una sentencia judicial dictada hace más de dos años y de unas órdenes judiciales que han sido sistemáticamente desobedecidas desde entonces por la Generalitat», contestan desde el entorno de Lambán.