José María Lassalle, ayer en la Comisión de Cultura del Congreso durante la presentación de los presupuestos 2015
José María Lassalle, ayer en la Comisión de Cultura del Congreso durante la presentación de los presupuestos 2015 - efe

Órdago al Gobierno por la Ley Lassalle

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«No es tiempo de ceses ni de pedir cabezas, que en este momento de la tramitación no serían positivos; solo pedimos soluciones», aseguró ayer Antonio Guisasola, presidente de Adepi (Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual), que agrupa a ocho entidades de gestión. No pedirán la cabeza de nadie pero, si se aprueba la actual redacción del proyecto de modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, están dispuestos a «impugnarla ante las instituciones comunitarias» y a presentar «reclamaciones por perjuicio patrimonial contra España que, si Europa termina por dar la razón a las entidades, podrían suponer cientos de millones de euros a medio plazo», aseguró en un encuentro con la prensa.

Una cantidad que podría ascender a 400 millones de euros, «y alguien tendrá que dar la cara para nosotros pedir cuentas». Estos 400 millones reflejarían la cantidad que se ha dejado de cobrar desde que el Gobierno acabara en diciembre de 2011 con el modelo de canon y lo sustituyera por otra medida «transitoria» de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pasando de los 110 millones euros, contemplados inicialmente, a solo cinco millones. «En Francia son 146 millones, 243 en Alemania y 85 en Italia», matizó Enrique Cerezo, presidente de Egeda.

La reunión celebrada ayer forma parte de las movilizaciones «in extremis» realizadas por artistas, productores y entidades de gestión ante la inminente aprobación de la conocida como Ley Lassalle, que hoy se debate en el Senado y que será votada el próximo 14 de octubre, para pasar después a su ratificación en el Congerso, donde ya no se admiten modificaciones.

«Los artistas, autores, editores y productores pedimos a los senadores y senadoras que no aprueben esta ley sin diálogo con el sector, sin el consenso político necesario en una ley de esta trascendencia y sabiendo que será tan perjudicial para el sector cultural español. Una ley que además no tendrá demasiado recorrido porque el Gobierno desde el primer día la ha calificado de provisional y anunciado otra más profunda, y sobre todo porque la Justicia europea y la nueva Directiva obligarán a modificarla», indicó Guisasola.

El Estado no paga sus deudas

En otra movilización realizada en el Círculo de Bellas Artes, las entidades de gestión ya tildaron la ley de «regresiva» y «destructiva» para el sector cultural, un sector que año tras año sigue acumulando cifras negativas, como refleja el Anuario de las Artes Escénicas presentado hace unos días por la Fundación SGAE: «Hemos entrado en una época de retroceso que acumula unas pérdidas cada vez más difíciles de compensar. Factores como la crisis económica, la piratería, la subida del IVA cultural, los cambios en los hábitos de consumo, etc., han afectado en mayor o menor medida a las diferentes disciplinas». Lo que ha llevado a la pérdida de 25.000 puestos de trabajo. «Lassalle prometió que la cultura llegaría a aportar un 10% del PIB y en lugar de eso el Estado ha dejado de pagar sus deudas, lo que es un pésimo mensaje para los inversores», señaló Cerezo.

El principal caballo de batalla contra el que se enfrentan las entidades de gestión es la compensación de la copia privada. Una medida que «no cumple con la legalidad comunitaria, pese a que el Gobierno ha sido advertido de ello por el Consejo de Consumidores y Usuarios, por el Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, por su máximo órgano consultivo, el Consejo de Estado». Y denuncian que el Gobierno no ha hecho el menor caso de las recomendaciones que le advertían del más que dudoso encaje de su proyecto en la normativa comunitaria ni tampoco ha querido mantener un debate riguroso y constructivo con los afectados para solucionarlo de una forma justa y equilibrada para los intereses de todos. «Se nos ha recibido, se nos ha escuchado, y se nos ha ignorado», afirmó Guisasola.

Cerezo también defendió que, «como hasta 2012, la copia privada salga de los Presupuestos y lo paguen las empresas, la mayor parte de ellas asiáticas, y que no lo paguen los ciudadanos españoles en los Presupuestos». Las entidades de gestión denuncian que el Gobierno está legislando «a favor de las empresas del IBEX 35» y de las «multinacionales tecnológicas», que facturan al año 100.000 millones de euros y que pagan en España tan solo 1,2 millones de euros en impuestos.

Lassalle ve «razonable» la defensa de los derechos de las entidades de gestión