Socios y consejeros de la SGAE piden a Cultura intervenir en el conflicto interno de la entidad

Dos escritos dirigidos ayer al Ministerio de Cultura procedentes de consejeros y socios de la SGAE refrendan esta tesis. Uno, firmado por José Miguel Fernández Sastrón , vicepresidente de la entidad, que firma, acompañado por otros cuatro consejeros, una petición de información para saber «si es legal» la Asamblea extraordinaria convocada por la actual Junta Directiva y su presidente, José Luis Acosta, el próximo 15 de enero para volver a votar las cuentas de 2013, rechazadas por los socios el pasado 26 de junio al igual que la gestión de la actual Junta Directiva.

«Es una convocatoria antiestatutaria», afirmó ayer a ABC Fernández Sastrón, que considera desligitimada dicha Junta Directiva, a la que él pertenece. «Cuando a alguien le rechazan las cuentas y la gestión tiene que convocar elecciones inmediatamente». Algo que no ha sucedido en esta ocasión pues en la Junta Directiva celebrada este martes (los actuales estatutos de la institución no contemplan una medida alternativa a este organismo en caso de ser reprobado) los comicios han sido emplazados al próximo 26 de febrero.

En opinión de Fernández Sastrón, la actual Junta Directiva «no está legitimada para tomar decisiones de calado, que afecten al patrimonio de la SGAE». Con esta afirmación se refiere a vender a la baja alguno de los teatros de la red Arteria, como el Coliseum y el Lope de Vega, una operación que se traduciría en 58 millones de euros, y en la que se perderían 23 millones de pesetas respecto al precio que se pagó inicialmente. Una venta que fue rechazada tanto en la reunión de la Junta Directiva del martes, como en la celebrada ayer por Consejo de Dirección, al igual que un nuevo acuerdo de tarifas para las televisiones, otro de los puntos en discordia.

Mientras Acosta justifica la dilación en la convocatoria de elecciones para no interferir en la negociación que está llevando a cabo con Cultura sobre el nuevo texto de la Ley de Propiedad Intelectual, «en la que se juegan mucho los socios», y que previsiblemente será aprobada en noviembre; otros apuntan que con este retraso podría estar buscando tener el tiempo suficiente para preparar su propia estrategia electoral. «Me están presionando para que me presente», concede Acosta a este periódico, mientras al parecer él mismo estaría recabando afiliados para su lista. Punto este que no ha confirmado el actual presidente, que asegura que sus prioridades son otras, como la nueva LPI, y que se tomará el verano para «reflexionar los pros y los contra» sobre si se presenta o no a las elecciones.

Tampoco lo ha confirmado Fernández Sastrón, el eterno candidato a la presidencia que perdió ante Teddy Bautista y Antón Reixa, y que si no se aprueba el cambio estatutario planteado -y rechazado- en la última Asamblea -quitar el límite de dos mandatos para los miembros de la Junta directiva (que el vicepresidente ya cumple)-, lo tendría algo complicado si no surge algún factor sorpresa. Aún así, la aparición de nuevas piezas en el tablero de ajedrez en que se ha convertido la cúpula de la SGAE podrían beneficiar los anhelos de Sastrón. Nos referimos al reciente nombramiento de un nuevo director general, Enrique Gómez Piñeiro, uno de los pocos supervivientes de la etapa Bautista, y muy ligado a él al parecer; y de un nuevo secretario general, Carlos López, elegido por el propio Sastrón aunque oficialmente se presentara como propuesta de Acosta (¿decisión de consenso?). Dos piezas que resultan fundamentales en la celebración de unas elecciones.

Pero este no es el único escrito que llegó ayer a Cultura. Otro mucho más incendiario provocó el nerviosismo en el propio seno de la entidad de gestión. Se trataría de la petición de un socio para que le sea revocada la licencia a la SGAE para realizar su actividad. Una medida que nunca se ha llevado a cabo sobre ninguna entidad de gestión, y que supondría su disolución, ya que solo se plantea en el caso de que la institución cometa alguna irregularidad con las cuentas o alguna acción muy gravosa. Antes de tomar esta medida existe un proceso que consistiría en un apercibimiento (ya lo vivió la entidad en tiempo de Antón Reixa ) y el requerimiento de información para conocer el fondo de las irregularidades que justificaran dicha medida.

Según el artículo 149 de la la ley en vigor de propiedad intelectual (texto refundido de la LPI 1996), el Ministerio de Cultura podría revocar la auorización de licencia si la entidad de gestión «incumpliera gravemente» las obligaciones establecidas en el artículo 148 que permiten obtener dicha autorización, como «que reúna las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos, cuya gestión le va a ser encomendada, en todo el territorio nacional»; así como que la autorización «favorezca los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual en España».

Según el articulo 159 de la misma ley, corresponde al Ministerio de Cultura, además de la facultad de otorgar o revocar la autorización regulada en los artículos 148 y 149, «la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en esta Ley».

A estos efectos, el Ministerio de Cultura podrá exigir de estas entidades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus Asambleas generales, Consejos de Administración u órganos análogos.

Esta petición de revocar la licencia a la SGAE pues ser interpretado como un órdago a la actual gestión, pero también como una manera, llevada al extremo, de provocar ruido y confusión en un escenario que cada vez se precipita más hacia el caos (algo que ya vaticinaron los seguidores de Teddy Bautista), pero que también puede perjudicar o entorpecer la negociación del nuevo texto de la LPI en la que la SGAE se juega mucho.