Cultura

Colombia, presionada por los cazatesoros en la paradójica ley que venderá el oro

Día 21/11/2012 - 22.43h
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Una demanda de 17.000 millones y otras presiones del «lobby treasure hunters» coinciden con el debate del polémico proyecto

La experiencia de Colombia con los cazatesoros es pura paradoja. Fue Colombia, nada más pasar el año 2000, a través de los miembros de su legación diplomática ante la Unesco, capitaneados por la arqueóloga Tatiana Villegas, el país que movilizó a la comunidad internacional e hizo prender la idea de que la organización apadrinara un marco sobre las buenas prácticas arqueológicas y protegiera los naufragios de nuestra historia.

Quienes vivieron esos años en Unesco recuerdan que no se permite a cualquiera emprender el camino de una Convención. Y Colombia, gracias al equipo de Villegas, movió Roma con Santiago para que se aprobara lo que en 2001 tomo carta cabal como la Convención Unesco sobre Patrimonio Subacuático. Está en ello desde el origen. Y por eso es paradójico que el mismo país que la inventó quiera aprobar en 2012 una ley que permite la venta de parte del oro rescatado de los viejos barcos naufragados en sus aguas, un acto que aniquila ese legado.

Tratos desde 1984

Ya desde 1984 había negocios de cazatesoros tentando a las autoridades colombianas tras el hallazgo de un pecio que debe ser el «San José», uno de los barcos (naufragó en 1708) con mayor "tesoro" de la historia moderna. Pero todos los cuentos de cazatesoros acaban en querellas y destrucciones, como bien recuerda el arqueólogo Filipe Vieira de Castro desde Texas, y la historia colombiana no fue una excepción. Jugaron con fuego y arden desde entonces a fuego lento.

En la tentación cayó Bogotá y firmó un contrato para repartirse el botín con Sea Search Armada (SSA), una de las grandes empresas cazatesoros. La cosa no acabó bien y el litigio se ha extendido desde 1989 hasta hoy. El Supremo de Colombia sentenció en 1997 que SSA sí tenía derecho a la mitad de lo extraído, pero Colombia adujo que nada había salido del agua. En 2007 los cazatesoros presentaron otra demanda ante un tribunal de EE.UU. en el que exigían a Colombia la locura de 17.000 millones de dólares como indemnización.

«Compinches» del presidente

La demanda, a la que ha tenido acceso ABC, es un rosario de reproches y lenguaje basto, casi insultante, que habla de «compinches» de los presidentes de la República y relata de corruptelas de todo tipo. Reprocha que se dijese unas veces que todo el «San José» era patrimonio nacional para luego legislar diciendo que prácticamente la totalidad del oro puede ser comercializado con empresas privadas. Otras empresas y no SSA.

Acusan a hombres cercanos a varios expresidentes, como Germán Montoya, de aprovecharse (en vez de SSA) de los posibles beneficios de una excavación del «San José». Colombia se ha defendido y los tribunales fallaron a su favor el pasado octubre, aunque ambas partes tendrán una vista para la apelación el próximo 23 de enero en el Distrito de Columbia.

La presión actual

Hoy no menos de seis empresas esperan a la aprobación de la nueva ley para cerrar el contrato que permitiría la excavación a cambio del oro, los lingotes y monedas para comercializarlos. Uno de sus más activos representantes, Daniel De Narváez, defiende, sin embargo, que «en Colombia pasan cosas maravillosas, nos podríamos estar inventando un modelo científico de recuperación arqueológica» del patrimonio que permita «protegerlo de los buscadores de tesoros».

Más datos para la paradoja: en opinión de este destacado ciudadano colombiano, Daniel De Narváez, los pecios corren riesgos si se conservan «in situ», debido a los medios que el narcotráfico ha dedicado a construir minisubmarinos, como el que encontraron en una costa española en 2006. No obstante, en tono vehementemente antiespañol, Narváez supone que España estará más interesada en exigir el patrimonio ante el Tribunal de La Haya que en investigarlo y crear cultura común, bajo el paraguas de la Unesco.

Con uñas y dientes

Pero la paradoja es total cuando el señor De Narváez, historiador náutico que defiende con uñas y dientes la posición comercializadora, afirma que «aquí hay un estudio jurídico hecho por un prestigioso bufete de abogados que fue radicado en Presidencia donde se concluye que el funcionario público que promueva la Convención de la Unesco incurre en el delito de traición diplomática» (sic). Ningún país hizo tanto por aprobar la Convención como Colombia y por ello es triste que lo pueda convertir en papel mojado. Y que se ponga en peligro el patrimonio de la humanidad mientras reivindica cosas «maravillosas» que preocupan en todo el mundo.

El Gobierno colombiano tiene la última palabra, pero la excepción que está a punto de crear es un torpedo en la línea de flotación de una política iberoamericana que solo beneficiará a las destructivas empresas extractoras.

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