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Unas 14.000 personas esperan una VPO en el registro de demandantes

El alquiler supera ya a la adquisición en las preferencias de una base de datos que apenas se mueve por la falta de inversión de las administraciones

Unas 14.000 personas esperan una VPO en el registro de demandantes VALERIO MERINO

RAFAEL RUIZ

Sólo en la capital cordobesa, el Registro de Demandantes de VPO —una figura que ha pasado a estar de actualidad por el realojo de la llamada Corrala Utopía, que trae en jaque al Gobierno andaluz—, existen 10.000 inscripciones activas de 14.000 hombres y mujeres. Lo que es lo mismo, miles de personas —que han presentado su solicitud solas o en compañía de su unidad familiar— que están esperando que una empresa pública o privada lleven a cabo una promoción o se quede libre un piso de alquiler público con el objetivo de poder acceder a una vivienda de bajo precio.

Hace años, cuando comprar pisos era algo habitual, era casi normal manejar este tipo de cifras. La realidad es que la obra civil se encuentra tan hundida que nadie se plantea en estos momentos un cambio, siquiera escalonado, de esta realidad. De hecho, lo que se viene encima no hará sino engordar esta cifra. En estos momentos, la web de Vimcorsa da pendientes de adjudicar en el registro unos 160 pisos de distintas modalidades. La empresa reconoce que buena parte de estas promociones están prácticamente completadas. Y la realidad es que el mercado de VPO se enfrenta a su final más abrupto. Tanto el Plan Nacional de Vivienda como el autonómico, rechazado por los promotores, suponen el fin de la construcción para venta y dejan el alquiler para los promotores públicos. La pescadilla que se muerde la cola: si no hay plusvalías por la venta de bloques malamente se podrán financiar iniciativas de alquiler.

Características

El registro de demandantes es, en realidad, una enorme base de datos. El lugar donde tienen que ir los operadores públicos y privados para conseguir clientes. La realidad es que la demanda sobrepasa en mucho a la oferta. Según los datos fríos, solamente en el registro de demandantes de Córdoba hay inscritos 6.432 hombres y 7.479 mujeres. La media de las unidades familiares es de 1,35 miembros y, en estos momentos, las fórmulas alternativas al alquiler se han implantado dentro de las posibilidades de obtener una vivienda. El alquiler con opción a compra y el alquiler puro superan ya de largo a los interesados en adquirir una vivienda, probablemente, por las dificultades reales que se tienen de acceso al crédito y porque la VPO de renta tiene unos precios realmente atractivos frente a los del mercado privado. Los números exactos son los siguientes: 5.771 solicitudes quieren alquilar un piso, 4.339 aspiran a adquirir la vivienda y 7.039, a la opción intermedia del alquiler con opción a compra pasados siete años de contrato.

Más demanda que oferta

El problema son las existencias. Existe el suelo —un tercio de cada plan parcial— y los operadores pero el dinero, público o privado, es escaso. Desde que se puso en marcha el registro de demandantes en Córdoba —la ciudad andaluza que lo creó en primer lugar—, se han entregado por esta vía 685 viviendas de 12 promociones. Si alguien se interesa por ello, existen 160 en proceso de adjudicación aunque en Vimcorsa, que tiene la gestión del registro, reconocen que la mayor parte de esos pisos se encuentran vendidos, alquilados o comprometidos. Y hay que tener en cuenta los retrasos que, en esta materia se producen. El pasado mes de marzo, la consejera de Fomento, Elena Cortés, entregó las llaves de una promoción en la calle Siete Revueltas que es previa a la puesta en marcha del registro, en diciembre del año 2009. Sus adjudicatarios fueron elegidos por el antiguo sistema del sorteo, que fue eliminado por el PSOE que decidió volver a instaurar un sistema de baremos que tiene en cuenta, por ejemplo, la antigüedad, el tiempo que se lleva esperando piso.

Con el registro de demandantes en marcha, la Junta ha tenido un papel bastante limitado en la fabricación de viviendas. De las 845 viviendas que se han entregado o están pendientes de ello, solamente constan 58 de la antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que ahora se llama AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía). Eso implica un exiguo 6,8%. El Gobierno andaluz estimó hace años que era preferible incentivar el mercado privado mediante ayudas directas que han acabado siendo un auténtico fiasco. Algunas líneas de apoyo al alquiler o a la compra dejaron de pagarse sin previo aviso. Llegó a crearse una red de agencias de intermediación privada que devino en un auténtico fiasco por los reiterados impagos de la Administración autonómica incapaz de financiar las obligaciones contraidas.

Lo cierto es que, antes de todo el lío de la Corrala Utopía, IU defendió a muerte el registro de demandantes. Obligó de hecho a los bancos a informar de las viviendas protegidas vacías para que entraran en el circuito de las adjudicaciones. Las sanciones abiertas pueden llegar a los 11,1 millones de euros. La consejera Cortés presentó estos expedientes sancionadores como medidas estrella de la gestión de su departamento. La crisis política se producido por tratar de sortear su contenido.

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