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El Miner pagó 14 millones a Peñarroya en una cuenta que quedó con 8 euros

El PSOE destinó dinero de ayudas a gasto corriente dejando sin pagar 1,7 millones en proyectos subvencionados

El Miner pagó 14 millones a Peñarroya en una cuenta que quedó con 8 euros VALERIO MERINO

RAFAEL RUIZ

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), organismo que gestiona los llamados fondos Miner, pagó casi 14 millones de euros al Ayuntamiento de Peñarroya en apenas nueve meses —de agosto de 2010 y mayo de 2011—, en el último tramo del mandato de Luisa Ruiz, exalcaldesa socialista recientemente detenida e imputada por el Juzgado de Instrucción número dos que se ha hecho cargo de las investigaciones sobre las ayudas recibidas por la corporación. Teóricamente, toda esa cantidad de dinero fue a parar a actuaciones finalistas de forma que lo recibido, lo ejecutado y lo pagado tendrían que coindicir.

La cuenta corriente del Ayuntamiento en la que se ingresaba ese dinero quedó el 27 de mayo, cuando el anterior mandato tocaba a su fin, con un saldo de 8,25 euros. Al menos, al Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo le quedaban por pagar en torno a 1,7 millones de euros por proyectos que ya habían sido financiados por los fondos Miner provocando un fuerte desfase entre lo recibido y lo efectivamente gastado. La principal acusación del actual gobierno municipal, que presentó la denuncia que dio origen a la «operación Rocket», es que ese dinero sirvió para pagar el gasto corriente municipal al no estar en una cuenta aparte, bloqueada, y que fue usado por el equipo político anterior, del PSOE, para satisfacer las necesidades de la estructura de la corporación peñarriblense.

Ingresos

En esos meses, según la documentación que obra en poder de ABC Córdoba, constan como ingresos en esa cuenta corriente de la tesorería municipal una quincena de libramientos de fondos, todos ellos procedentes del Ministerio de Industria o liquidaciones de intereses por cantidades menores. Los pagos son, sin embargo, una gran cantidad de pequeñas cantidades, algunas de ellas con la anotación «nóminas» y el concepto «seguridad social». Una gran parte son cuantías tan pequeñas —de 20 a 500 euros— que es improbable que el dinero se dedicara a pagar certificaciones de obras o adquisiciones cargadas a los fondos Miner que abona iniciativas costosas.

En el vídeo filmado en la agrupación socialista, la exalcaldesa Luisa Ruiz explica que no está el dinero porque está abonado a las empresas que realizaron actividades para el Consistorio a cargo de las ayudas estatales que financian actividades para insuflar vida a las cuencas mineras donde ya no se practica esta actividad. Sin embargo, en una entrevista publicada el pasado 19 de septiembre de 2011 en la web local Infoguadiato, la exregidora socialista no niega esas acusaciones sino que asegura que la actual alcaldesa, María Gil (PP), «hizo lo mismo en junio» con unos fondos de servicios sociales.

Un proyecto que quedó colgado —es decir, con el dinero estatal librado pero con la cuenta corriente donde se había ingresado agotada— fue la adquisición de terrenos de carácter rústico para un polígono industrial. El equipo de gobierno del PSOE había pactado la compra con varios propietarios de la zona. En una entrevista publicada el pasado 15 de diciembre en la web Guadiato Información, la actual regidora, María Gil, explica que se pagaron casi 1,7 millones de euros a distintos propietarios y que el dinero «había sido ingresado [por el Ministerio de Industria] en marzo de 2011».

El movimiento de la cuenta corriente usada por el Ayuntamiento para los fondos Miner confirma esa aseveración. Según los saldos, se produjo una transferencia el cuatro de marzo de ese año a la cuenta municipal por valor de 1.643.742,44 euros, lo que elevó el saldo de esa parte de la tesorería pública a 2.326.576,69.

La operación urbanística se tuvo que saldar echando mano a la tesorería municipal, a líneas financieras abiertas (500.000 euros) y a un préstamo de mandato, que sumaba otro medio millón de euros. Un préstamo de mandato es un concepto económico municipal. Consiste en un crédito que pide un alcalde para acometer una actuación determinada —la mayor parte de las veces, para cuadrar déficit—. A los regidores se le permite desarrollar esta iniciativa con la condición de que se comprometa a devolverlo antes de las siguientes elecciones municipales —es decir, con cuatro años de amortización máxima— de forma que su posible sucesor nunca herede el pago de una decisión que no adoptó.

Situación legal

Los municipios usan el principio de caja única salvo en determinadas cuestiones y cuando la prudencia pesa más que las urgencias políticas. El dinero entra en tesorería y se dedica a todo. Eso no significa que no pueda haber problemas. De hecho, los está habiendo cuando el desfase entre lo ingresado y lo gastado es tal que proyectos financiados por subvenciones finalistas se quedan sin abonar o es necesario acudir a otro tipo de recursos para poder satisfacer esas facturas en concreto. Hay alcaldes y concejales imputados en toda España por motivos similares.

El caso más reciente y de mayor impacto en Andalucía es el de la exalcaldesa de Jerez de la Frontera por el PSOE, Pilar Sánchez. Usó el dinero del Plan E para pagar nóminas y a los proveedores en vez de a los fines establecidos por el programa anticrisis del presidente Rodríguez Zapatero. El actual equipo de gobierno, del PP, denunció el desfase de tesorerí, que era millonario. El juzgado la imputó por fraude continuado de subvenciones y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción le pide una pena de tres años de cárcel y una multa equivalente al dinero desviado, 8,6 millones.

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