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Operación Heracles

Guerrero pudo usar la empresa del sindicalista Casado para pagos a terceros

El auto de Alaya señala que su hermano se benefició de un ERE de ABB en Córdoba

Guerrero pudo usar la empresa del sindicalista Casado para pagos a terceros V. MERINO

F. J. P.

La jueza Mercedes Alaya investiga si el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía y uno de los principales encausados en el caso de los ERE fraudulentos, Francisco Javier Guerrero, usaba la empresa del exdirigente de CC.OO. en Córdoba, Francisco Casado, detenido ayer en la segunda fase de la Operación Heracles, como pantalla para realiar pagos a terceros en la trama.

Según el auto de la jueza, al que ha tenido acceso ABC, Licassen Gestiones y Servicios, la firma de Casado, no tiene actualmente actividad en su domicilio social. Francisco Casado Sánchez consta como su administrador único mientras que su hermano José Manuel, también detenido ayer, aparece como apoderado.

Alaya cree que «no es infundado que esta persona [Paco Casado] pudiera tener en su poder la documentación relacionada con la citada sociedad, así como otras fuentes de prueba que pudieran estar relacionadas con la utilización de Licassen por parte del señor Guerrero para la realización de pagos a terceros implicados en la investigación».

De ahí que el líder histórico del sindicato en Córdoba permanezca en estos momentos en prisión en Sevilla, mientras que su hermano José Manuel fue puesto en libertad ayer por problemas de salud pero manteniéndose a disposición judicial tras las nuevas detenciones.

Además, la jueza Alaya explica que ambos hermanos estuvieron vinculados a la empresa ABB en Córdoba, que sufrió dos expedientes de regulación de empleo (ERE) según los datos aportados porl a Junta.

En el caso de José Manuel Casado, éste fue el presidente del Comité de Empresa durante la negociación y tramitación de los citados ERE siendo a su vez uno de los afectados por el de 2003. Lo curioso, según el auto, es que su póliza y el importe de la prima percibida eran más favorables a la media del resto, extremo que según la jueza instructora «habría sido pactada previa y directamente» Guerrero a cambio de una contraprestación a este trato de favor.

Esa compensación pudo ser el pago de la firma de Francisco Casado (Licassen Gestiones) de 89.915,59 euros en base a la facturación falsa que el chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo reconoció haber efectuado, como ya adelantó ABC en su día.

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