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Los centros de educación diferenciada arrancan sólo con financiación privada

El TSJA no admitió el recurso de la patronal pidiendo medidas cautelares al concierto

Los centros de educación diferenciada arrancan sólo con financiación privada ARCHIVO

P. GARCÍA-BAQUERO

Los tres centros de educación diferenciada en Córdoba (Zalima, Yucatal y Torrealba) afrontan el inicio de curso sin el concierto que hasta ahora mantenía la Junta de Andalucía. Las familias de nuevo ingreso que opten por uno de estos centros tendrán que hacer frente al pago de las matrículas después de que el pasado mes de julio el TSJA negara la medida cautelar solicitada por la patronal de estos centros hasta que se resuelva el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional.

Hay que recordar que el TSJA no estimó la pasada primavera las alegaciones presentadas por Zalima ante la negativa de la Consejería de Educación a renovar los conciertos para el próximo cursos en centros de educación diferenciada por sexos. La resolución denegatoria fue considerada «a todas luces discriminatoria y que refleja abuso de poder», según el centro cordobés, que manifestó su intención de recurrirla en los tribunales. Zalima mantendrá los estudios en todas sus etapas de forma privada mientras se soluciona la situación jurídica, aportando incluso nuevas titulaciones.

El último revés para la Federación de Escuelas Agrarias de Andalucía, patronal de estos centros, por parte del TSJA se recibió el pasado 16 de julio cuando desestimó el recurso de reposición contra el auto con fecha de 16 de mayo, que recogía «no haber lugar a la medida cautelar solicitada» frente a la alegación basada en «la quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva».

Votos no compartidos

La Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, con fecha 16 de julio, desestimó el recurso que pedía medidas cautelares que mantuvieran el concierto con el voto de tres de sus cinco miembros. Una decisión que no compartía el magistrado presidente de la Sala, Pablo Vargas Cabrera, y que así lo hizo constar junto al de su compañero Victoriano Valpuesta Bermúdez. En su voto particular, al que ha tenido acceso ABC, Vargas Cabrera reconoce que en ocasiones anteriores, en causas similares de conciertos de centros concertados pero no diferenciados, siempre el Alto Tribunal andaluz ha adoptado medidas cautelares antes de que se resolviese judicialmente el asunto. Sin embargo, en este caso, que atañe a la educación diferenciada, no se ha adoptado. Estos magistrados concluyen que se «ha de estimar el recurso y consecuentemente la medida cautelar, pues de otro modo quedaría, a todas luces, impedida la finalidad de garantizar la efectividad de la tutela judicial que hace imposible el cumplimiento de la resolución definitiva».

Los dos magistrados que han expresado su voto particular recogen una de las frases que contiene el propio recurso de la Junta de Andalucía, donde admite que «cada centro puede organizar internamente sus aulas como crea conveniente».

Por ello, según estos dos magistrados, «deja la puerta abierta a que haya centros que pese a admitir a alumnos de ambos sexos se organicen de manera que haya aulas sólo de chicos y otras sólo de chicas». Además, estos magistrados subrayan que estando de fondo la cuestión que en su momento tendrá la Sala que resolver —si conceder o no el concierto de centros de educación diferenciada— podría ocurrir que estos centros desapareciesen al no recibir financiación pública mientras se resuelve el pleito.

Vargas y Valpuesta, que firman el auto final, han querido dejar constancia de que «se puede dar la paradójica situación de la inmediata desaparición de los centros que aquí recurren, con una interpretación de la referida norma que a la postre sea favorable a sus intereses y lo que es aún más grave, con una Ley Orgánica educativa en vigor que, sin necesidad de hermenéutica alguna, establezca el acesso de estos centros al concierto con la Administración autonómica que ahora se le deniega».

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