El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hizo oficial ayer el ofrecimiento del Gobierno autonómico a las empresas que recelen de los planes soberanistas del Ejecutivo de Artur Mas y opten por abandonar Cataluña. Una oferta que se dirige potencialmente a las cerca de 3.000 multinacionales que cuentan con filiales en la región vecina y que en la actualidad generan más de 340.000 puestos de trabajo.

El jefe del Consell explicitaba de esa forma una estrategia, avanzada por ABC el pasado 29 de noviembre, mediante la cual la Generalitat ofrecerá facilidades a las empresas que opten por abandonar Cataluña ante las dudas surgidas por la declaración soberanista suscrita por las principales formaciones políticas de la región vecina. Otras administraciones públicas, como la Diputación de Castellón, también se han ofrecido a albergar empresas catalanas o multinacionales instaladas hasta ahora en la región vecina que busque estabilidad.

De hecho, la oferta de las Administraciones valencianas se dirige implícitamente a las 2.959 multinacionales que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) operan en Cataluña. Estas compañías mueven un volumen de negocio anual de 93.587 millones de euros y generan más de 340.000 puestos de trabajo. La Generalitat les ofrece más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial en cinco polígonos a coste cero mediante contratos de concesión administrativa a tiempo parcial.

«Dudas» en Cataluña

Durante su intervención en el «Fórum Europa. Tribuna Mediterránea», el presidente valenciano realizó un llamamiento a aquellas empresas a las que la «falta de estabilidad política en Cataluña» les genera «dudas» e «incertidumbres» a instalarse en la Comunidad Valenciana, donde lo que preocupa es «la generación de empleo».

Alberto Fabra ha observado una oportunidad de negocio para la Comunidad Valenciana, que en la actualidad albetga 387 multinacionales, que se convertiría en el principal eje estratégico del Mediterráneo español en el caso de que Cataluña siguera hasta las últimas consecuencias con sus planes independentistas.

En ese escenario, las multinacionales implantadas en tierras catalanas resultarían damnificadas por la entrada en vigor de unos aranceles para las exportaciones al resto de regiones del país o por el empleo de una moneda distinta al euro ante una eventual separación de Cataluña del resto de España.