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Cadena alimentaria

Día 26/12/2012
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El nuevo anteproyecto de ley debe buscar una mayor competitividad y eficacia del sector agroalimentario

el Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria cuyo objetivo es aumentar la competitividad y eficacia del sector agroalimentario español y corregir los desequilibrios que existen entre los distintos agentes que componen la cadena. Se trata de un texto muy esperado por el sector productor agrario por ser, en la actualidad, el eslabón más frágil, junto con el consumidor, de toda la cadena de alimentación.

Importantes avances

Asaja considera el texto presentado un avance con relación a la situación actual de indefensión ante los compradores y elaboradores de las materias primas agrícolas y ganaderas y que vienen causadas, principalmente, por el desigual poder negociador de productores y de industria.

Tal y como la organización agraria viene denunciando desde hace años, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el sector primario es la gran diferencia entre lo que se paga al agricultor o ganadero y lo que finalmente le cuesta al consumidor, un desajuste que es consecuencia de unos márgenes comerciales abusivos.

Asaja confía en que la nueva Ley sirva para paliar la situación de indefensión de los productores frente a los principales agentes comercializadores, y para ello, ha realizado observaciones al anteproyecto con el objetivo de mejorarlo. En el texto destacan la regulación de los contratos alimentarios, las prácticas comerciales y del Observatorio de Precios.

En relación con los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena alimentaria, la novedad más significativa es el establecimiento de la obligación de formalizarlos por escrito en determinados casos, dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio.

También se introduce la obligación de incorporar expresamente en estos contratos escritos los elementos esenciales de los mismos (identificación de las partes, objeto, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, duración y causas y efectos de la extinción) pactados libremente por las partes.

Además, se exige que cualquier modificación de las condiciones contractuales se realice por mutuo acuerdo o conforme a lo expresamente pactado en el contrato sin que pueda tener efecto retroactivo.

El contrato deberá regular también la información que las partes deban suministrarse para evitar el uso indebido de información comercialmente sensible.

Por último, se regulan asimismo las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos que los operadores deben mantener durante un período de dos años a efectos de los controles que resulten pertinentes.

Con la regulación de los contratos alimentarios también se pretende conseguir una mayor transparencia en las relaciones comerciales del ámbito de la cadena alimentaria.

Prácticas comerciales

El Anteproyecto de Ley regula los pagos comerciales, prohibiendo su exigencia cuando no estén pactados e incluidos expresamente en el contrato escrito, así como las contraprestaciones a las que dichos pagos estén asociados, lo que se extiende también a las actividades de promoción.

En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Además, la información obtenida sólo podrá destinarse a los fines para los que fue facilitada, respetándose la confidencialidad de la información.

Se incluye un precepto sobre gestión de marcas que prohíbe el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador. Además, se establece que la gestión de marcas deberá realizarse con arreglo a criterios de transparencia, equidad y no discriminación evitando prácticas que alteren la libre y leal competencia entre marcas.

Código de buenas prácticas

La regulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la transformación, la industria, cuya adhesión es voluntaria por parte de los operadores de la cadena. A estos efectos, se ha previsto crear un Registro Estatal como instrumento público que agruparía a todos aquellos operadores de la cadena alimentaria que se adscriban al Código citado anteriormente.

Cadena alimentaria

Como sistema de control, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria y se establece un control administrativo.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá potestad sancionadora.

El Observatorio de la Cadena Alimentaria, como órgano colegiado adscrito al Ministerio, es el nuevo órgano que sustituye al Observatorio de precios de los alimentos, para asumir nuevas funciones relacionadas con el funcionamiento de la cadena alimentaria y continuar ejerciendo las relacionadas con los precios de los alimentos.

Con carácter general, sus funciones serán el seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos.

Asimismo, informará la propuesta de Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria regulado en esta Ley, facilitará su conocimiento entre los operadores de la cadena, promoverá su adhesión y conocerá los resultados de la aplicación del mismo para, en su caso, proponer las medidas de mejora o actualización que sean necesarias.

Por último, se regulan los laboratorios alimentarios para el control oficial y se establecen las tasas que podrán cobrar los laboratorios alimentarios del Ministerio por la prestación de sus servicios.

Observaciones de Asaja

Aunque Asaja considera este anteproyecto de Ley un avance en las políticas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha realizado una serie de observaciones que, espera, sean tenidas en cuenta durante la tramitación parlamentaria previa a su aprobación definitiva.

La Organización Agraria considera que deben mejorarse algunos aspectos, entre otros los relacionados con los agentes intermediarios y las ventas intermedias que muchos de los productos agrarios y ganaderos sufren antes de llegar a la distribución cuando no se parte de cooperativas.

El texto definitivo debería, además, contemplar que en el precio del contrato se incluyera la posibilidad de indicarlo a través de índices de precios y costes elaborados por las interprofesionales.

Otro de los aspectos en los que Asaja cree que se debe incidir más es en el de las prácticas abusivas.

En este punto, la organización espera que se incluyan la venta a pérdidas y la banalización de ciertos productos para convertirlos en reclamos de las superficies comerciales, como sucede, por ejemplo, con el aceite de oliva.

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