La ANC propone a España como aliada de Cataluña contra el yihadismo
La plataforma que apoya a Mas teme la presión del terrorismo islámico tras la independencia
Cuando el ministro de Interior, Jorge Fernández, advirtió de que una Cataluña independiente estaría más expuesta al yihadismo, fue acusado por el soberanismo de utilizar el discurso del miedo. Curiosamente, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la plataforma independentista que apoya el proyecto de transición hacia el Estado propio del presidente autonómico Artur Mas, contempla ese peligro. Es más: considera que, tras la ruptura con España, Cataluña debería tener a España como aliada en la lucha contra el terrorismo islámico.
La ANC, a través de su sectorial Defensa por la Independencia, es pródiga en informes sobre las medidas de seguridad que debería adoptar Cataluña tras una hipotética independencia. Los trabajos, muy minuciosos, apuntan incluso a la necesidad de dotarse de unos servicios de inteligencia y contraespionaje para evitar una hipotética invasión española, según publicó ABC. Se trata de una especie de «guerra fría» en la que Cataluña dispondría de una red de espías «superdotados», cuya cantera saldría de la propia ANC, concretamente de su sectorial Inteligencia por la Independencia, integrada por personas que ponen su capacidad intelectual al servicio de «sutiles» estrategias secesionistas.
Se da la circunstancia de que, si bien en algunos de esos trabajos sobre el Ejército, la Armada o la «CIA catalana», España aparece como el país enemigo -se habla de «guerra de guerrillas» y de crear un grupo especializado en «españolismo violento»-, en el documento titulado «Un análisis estratégico» se aboga por una alianza con los «países vecinos» para que Catalula pueda defenderse de la amenaza yihadista.
Así, bajo el enunciado de «Escenarios de confrontación», la ANC da por hecho que una Cataluña independiente formaría parte de la Unión Europea (UE) y de la OTAN. Por tanto, defiende su rol «como actor internacional y regional» y garante de «la estabilidad y la paz mundiales cuando las organizaciones internacionales de las cuales formamos parte, como la ONU o la UE, así nos lo requieran». En este sentido «será necesario que velemos especialmente por las rutas de comercio marítimo en el Mediterráneo».
Añade que «a modo de ejemplo, el 20% de los cereales que consumimos nos llegan en barco desde los puertos del Mar Negro. Si la presión del yihadismo en el Norte de África provocara la quiebra de un Estado, éste podría convertirse en base de la piratería -una vieja forma de crimen organizado- como ha sucedido enSomalia, y convertirse en un problema como el que tantos esfuerzos está costando reconducir en el índico».
Según la ANC, «evidentemente, en este caso, los estados de nuestro entorno (nuestros futuribles socios y aliados) como España, Francia o Italia, asumirían su responsabilidad al respecto porque, en este sentido, tendrían los mismos intereses que nosotros, pero nos exigirían que nosotros también asumiéramos nuestra parte de responsabilidad y aportáramos nuestras capacidades, en proporción a nuestras posibilidades, para ayudar a resolver un problema que también sería el nuestro».
La entidad que preside Carme Forcadell justifica la necesidad de disponer de una política de defensa en la «salvaguarda de la vida, la libertad de sus ciudadanos, dentro y fuera de sus fronteras», así como «la protección exterior del bienestar de la población y de las estructuras económicas que provienen de este estado del bienestar». También apela a la necesidad de «conservación de la independencia, de la soberanía y de la integridad territorial ante agresiones externas».
Respecto a este último punto, la ANC precisa que «a corto plazo, no se prevé que ningún Estado nos declare la guerra ni declarar nosotros la guerra a ningún Estado, ya que la guerra de agresión, desde las Convenciones de Ginebra de 1949 y, sobre todo, desde finales de la guerra fría, ya no se considera un instrumento legítimo de política internacional ni una amenaza inminente, al menos no de forma conspícua». Pero apunta a la obligación de salvaguardar las infraestructuras sensibles para la población.
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