La sentencia

Nadie en su sano juicio político dudaba que el Tribunal Constitucional -unanimidad de magistrados progresistas y conservadores- declararía inconstitucionales algunos artículos de la Ley de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. Y nadie en su sano juicio político dudaba que el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional y nulo de pleno derecho el Decreto de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña.

Los precedentes -sentencia del Alto Tribunal sobre el «Plan Ibarretxe» de 2008 o sentencia sobre la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña del Parlament de 2014- establecían el quid de la cuestión con meridiana claridad: el soberano es la totalidad del pueblo español y los referéndums los convoca el Estado.

Y ahí están los votos particulares que cuatro miembros del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña plantearon a la Ley de consultas en 2014. Un ejemplo: la Ley «es materialmente un referéndum a pesar que se disimule este carácter bajo la denominación de ‘consulta popular no referendaria’», señala un discrepante. A pesar de ello, la Ley superó el trámite del Consejo de Garantías Estatutarias y del Parlament. Y Artur Mas firmó el Decreto de convocatoria de la consulta. En definitiva -sin novedad en el frente nacionalista-, gato por liebre. Un referéndum ilegal encubierto, como sentencia el Tribunal Constitucional.

Al nacionalismo catalán, la sentencia le viene como agua de mayo en febrero. Que si el Estado no es democrático, que si no nos dejan votar, que si no podemos esperar nada de una España que no ofrece ningún resquicio al diálogo, que si llegó la hora de la desconexión de España. Al nacionalismo catalán -por más compungido que aparezca: cinismo de la política-, la sentencia le viene de perlas. Más victimismo, más enfrentamiento y la solución -¡vótenos!- está en las «plebiscitarias» del 27-S. El nacionalismo catalán ya tiene lo que quería.