Nuestro dinero por Fernando González Urbaneja

El diccionario atribuye a la entrada choteo la explicación “pitorreo, burla… bromear y divertirse a costa de alguien”. Viene al pelo para algo que me llamó la atención en los diarios de esta mañana. ABC explica que en el ayuntamiento de Alcorcón, antes socialista y ahora popular, el alcalde descubrió ayer por un escrito de la Tesorería de la Seguridad Social que el Ayuntamiento no ha ingresado las cuotas de la Seguridad Social desde el 2009 y que el pufo ya va por 7,2 millones de euros. Supongo que los datos básicos son ciertos aunque los detalles inducen algunas preguntas. El anterior alcalde que dejó de pagar las cuotas de Seguridad Social además de un caradura puede haber incurrido en un delito de apropiación indebida, perfectamente tipificado, aunque no sea en su favor personal. Con esos datos el actual Ayuntamiento de Alcorcón debería irse al juzgado con escrito razonado, al menos para que le hagan algunas preguntas al anterior edil. Pero me llama la atención que los nuevos responsables del ayuntamiento hayan tardado tanto tiempo en darse cuenta de algo semejante, ya que el menos diligente se entera a la segunda jornada. Y no sabría qué decir de los funcionarios que no advirtieron semejante anomalía al primeer día del nuevo equipo. Me parece un disparate que revela la abundancia de los irresponsables con cargo. Esta misma mañana EL PAIS informa que 2.514 ayuntamientos (de los ocho mil existentes) no han cumplido la ley que obliga a remitir el primer trimestre del ejercicio las cuentas cerradas del ejercicio anterior. Algo que es de elemental sentido común. No remiten las cuentas porque no están hechas o porque quieren ocultarlas. Ambos comportamientos son ilegales en lo administrativo y, probablemente algo más. Hacienda ha advertido que no girará las transferencias preceptivas a los ayuntamientos que no entreguen sus cuentas. Ya otorgó un aplazamiento de tres meses y los perezosos reclaman más plazo. Otra muestra de manifiesta irresponsabilidad que debería impulsar al gobierno a la dureza y no a la tolerancia. No formular cuentas, no publicarlas, ni remitirlas a quien corresponde por mandato legal, es el mejor indicador de que algo huele a podrido. En vez de ampliar los plazos el gobierno debería suspender el abono de las transferencias e iniciar el procedimiento de suspensión de las corporaciones que no cumplen con la ley. A eso llamaríamos disciplina presupuestaria 8tan de moda estos días) y respeto a la ley. Lo contrario es un choteo al ciudadano-contribuyente.

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